Los especialistas en financiación autonómica han reiterado la importancia de que estas negociaciones se lleven a cabo de manera multilateral, manifestando dudas sobre la constitucionalidad de los acuerdos vigentes. Este mensaje se hace eco tras la reciente aprobación de un informe por parte del Partido Popular (PP) en el Senado, donde se expresa preocupación respecto al pacto entre el PSC y ERC para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña.

En el debate del lunes, el PP, amparado en su mayoría absoluta, presentó un informe que advierte que los términos del acuerdo podrían exacerbar las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. Este análisis, publicado por Europa Press, fue discutido en la Comisión de Comunidades Autónomas, donde el partido popular convocó a varios expertos críticos hacia el modelo conocido como "cupo catalán".

El PP sostiene que “el acuerdo absorbe una parte significativa de los recursos del sistema de financiación, lo que inmediatamente conlleva una reducción de los fondos disponibles para otras comunidades”. El informe subraya que “las consecuencias de esta decisión podrían acentuar las diferencias entre territorios a menos que se implementen salvaguardias efectivas”, resaltando que tales medidas no están previstas en el pacto actual.

Asimismo, el informe del PP señala que, aunque reconocer la cantidad de recursos que se desvinculan es complejo debido a que se trata de un acuerdo político sin especificaciones técnicas, los efectos derivados de las estructuras resultantes son evidentes, aun sin poder determinarse con exactitud.

Los expertos que comparecieron en la reunión manifestaron un fuerte sentido de preocupación sobre cómo el acuerdo puede debilitar la solidaridad entre las regiones, considerada un pilar esencial del sistema de financiación autonómica estipulado en la Constitución. Subrayaron que aplicar el principio de ordinalidad podría perjudicar dicha solidaridad y propiciar desigualdades.

El PP también resalta en su documento que la construcción del sistema de financiación autonómica debería ser un esfuerzo colectivo, permitiendo luego ajustes específicos basados en las particularidades de cada comunidad, pero siempre respetando la estructura fundamental del sistema.

Respecto a la constitucionalidad del acuerdo, casi todos los expertos coincidieron en que el modelo propuesto no se encuadra ni en el régimen común ni en el régimen foral, ambos contemplados en la Constitución, lo que lleva al PP a concluir que no se ajusta al marco constitucional vigente.

Adicionalmente, el informe sugiere que el principio de suficiencia financiera también podría verse comprometido, ya que la reducción de la contribución de Cataluña al equilibrio interterritorial podría generar un déficit en la financiación de comunidades con menor capacidad de recaudación, incrementando así las desigualdades entre regiones.

Los ‘populares’ advierten que si este sistema se adopta ampliamente entre las comunidades, los recursos disponibles por parte de la Administración Central serían insuficientes incluso para cubrir el pago de intereses de la deuda pública.

El informe también refleja la opinión de los expertos que se manifestaron en contra de la posibilidad de fragmentar la Agencia Tributaria estatal en favor de una catalana, calificando tal medida como un “error con graves repercusiones”, ya que podría elevar el fraude fiscal y aumentar los costos para los ciudadanos, debilitando la eficacia en la recaudación de impuestos.

Alertan, además, que establecer un sistema tributario propio para Cataluña podría incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal, lo que tendría efectos adversos para la cohesión económica del país.

Incluso en el escenario más favorable para la Administración Central, los expertos advierten que la implementación del acuerdo significaría una mejora financiera para Cataluña en detrimento de otras comunidades, lo que no favorece la equidad del sistema.

Finalmente, el PP acentúa que existe un consenso entre los expertos sobre la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para garantizar un reparto de recursos más equitativo y eficiente. Critican la postura del Gobierno, que ha presentado el acuerdo como un primer paso hacia la necesaria reforma del sistema, ignorando que dicho proceso se inició formalmente en 2017 y que las recomendaciones de la comisión de expertos para revisarlo no han sido consideradas.

Por su parte, Esquerra Republicana ha contrarrestado el informe del PP, defendiendo su acuerdo con el PSC como un intento por corregir las injusticias de años de infrafinanciación hacia Cataluña. Junts ha secundado esta crítica, describiendo el informe del PP como “sesgado” y “un pretexto para crear un espectáculo en el Senado”, aludiendo a la obviedad de que Cataluña enfrenta problemas de financiación.

El PSOE, por su parte, ha acusado al PP de manipular las conclusiones de los expertos, recordando que en el contexto de la financiación autonómica, la bilateralidad ha sido esencial, y que Cataluña, si bien ha tenido un papel importante, comparte este ámbito con otras comunidades que también han logrado acuerdos bilaterales para llegar a un consenso multilateral.