En la mañana del 22 de octubre, se ha anunciado que el Partido Popular (PP) utilizará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, cuyo desenlace podría terminar en el Tribunal Constitucional. Este enfrentamiento busca obligar al Ministerio de Hacienda a presentar de manera inmediata el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al año 2026 ante las Cortes.

Este tema formará parte del orden del día del Pleno del Senado programado para este miércoles, según documentos a los que tuvo acceso Europa Press. En esta ocasión, el PP ha incluido una propuesta destinada a llevar la controversia frente al Tribunal Constitucional, centrándose en la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio fiscal.

Este conflicto marca un nuevo capítulo en la relación entre el Senado y el Gobierno, ya que se trata del séptimo enfrentamiento institucional originado por el PP en esta casa legislativa. Cabe resaltar que, en legislaturas anteriores, este tipo de choques no había sido habitual.

Con la poderosa mayoría del PP en el Senado, es previsible que este conflicto se apruebe sin obstáculos, convirtiéndose en una posición oficial de la Cámara, que luego será remitida al Gobierno para su consideración.

Una vez planteado el conflicto, el Ejecutivo contará con un mes para responder, aunque también tiene la opción de no hacerlo. Si decide no contestar o su respuesta es negativa, el Senado tendrá la última palabra para determinar si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o se echa atrás.

En su argumentación, el PP sostiene que el Senado no puede tolerar el incumplimiento por parte del Gobierno de su deber constitucional de presupuestar. La formación política argumenta que no se debe permitir prácticas que socaven la legalidad presupuestaria, las cuales, a su juicio, han emergido debido a la ausencia de Presupuestos adecuados.

El partido ha trazado paralelismos con la situación de 2020, cuando los Presupuestos de 2018 se prolongaron debido a la crisis sanitaria de la pandemia, sugiriendo que la actual prórroga de los presupuestos de 2023 es igualmente insostenible. Según el PP, no existe justificación válida para la carencia de un nuevo proyecto presupuestario, salvo la incapacidad del Gobierno para alcanzar consensos necesarios en el Parlamento.

Finalmente, el PP subraya que los motivos de tipo político no pueden considerarse como excusa para el incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno, las cuales impiden que las Cortes Generales, y especialmente el Senado, desempeñen su función de control y aprobación del presupuesto nacional.