En un giro interesante en la política española, el vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, el popular José Antonio Bermúdez de Castro, ha manifestado que no hay “ningún argumento de peso” que justifique oponerse a la tramitación de la proposición no de ley presentada por Junts, que solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza para medir su apoyo en el Parlamento.

Bermúdez de Castro realizó estas declaraciones al llegar a la reunión de la Mesa del Congreso, donde se evaluará si se procede o no con esta iniciativa impulsada por los seguidores de Carles Puigdemont. En el caso de que la propuesta sea aceptada, su debate no se llevaría a cabo en el Pleno hasta, como mínimo, el próximo mes de febrero.

El vicepresidente del Congreso ha subrayado que los servicios jurídicos del organismo tampoco encuentran razones para evitar que se discuta y vote esta iniciativa en una futura sesión plenaria, lo que sugiere que el debate sobre la cuestión de confianza podría estar más cerca de lo que se pensaba.

El órgano rector de la Cámara, donde el PP posee cuatro escaños mientras que el PSOE y Sumar cuentan con tres y dos respectivamente, dispone de un informe elaborado por los letrados que no presenta obstáculos para calificar la proposición no de ley. Cabe aclarar que este informe no es vinculante, lo que significa que la decisión final quedará en manos de la Mesa.

Según el citado informe al que ha tenido acceso Europa Press, dado que no existen precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a usar un mecanismo como la cuestión de confianza, que es de su exclusiva competencia, será la Mesa quien establezca un criterio que marque la pauta para futuras decisiones sobre iniciativas similares.

En este sentido, y ante la falta de antecedentes en cuestiones de este tipo, los servicios jurídicos brindan a la Mesa varias opciones a considerar: avanzar con la tramitación de la iniciativa tal como se presenta, añadir una aclaración que indique que no tendrá consecuencias jurídicas, solicitar a Junts que reformule la propuesta para dejar claro que no genera efectos legales, o incluso decidir no admitirla a trámite en absoluto.