En la semana del 21 de septiembre en Madrid, la atención se centra en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde se realizará una votación sobre una propuesta del PSOE que busca instar a las comunidades gobernadas por el PP a aceptar la condonación de la deuda autonómica presentada por el Gobierno central.

Esta moción, aunque no tiene carácter vinculante, surge tras la aprobación en agosto por parte del Consejo de Ministros de un anteproyecto que contempla la condonación de hasta 83.000 millones de euros en deuda de las comunidades autónomas, una cifra que podría transformar las finanzas regionales.

No obstante, el Partido Popular ya ha manifestado su oposición a esta iniciativa, anunciando un frente común de rechazo. Sin embargo, algunos líderes regionales dentro de la formación han mostrado disposición a considerar la quita de la deuda, lo que genera esperanza en el Gobierno para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo.

Esta iniciativa del PSOE se presenta en un contexto estratégico, ya que tiene lugar en la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde los representantes de las comunidades junto con los senadores pueden expresar sus posturas. Se espera que se genere un debate activo sobre el tema, permitiendo que distintas voces se escuchen desde la tribuna.

Según el texto difundido por Europa Press, el PSOE argumenta que las comunidades del PP se verían "beneficiadas en casi 60.000 millones" si aceptan la propuesta de condonación de deuda, instándolas a considerarla en pro del bienestar de la población que representan.

Además, los socialistas hacen un llamado a las comunidades del PP para que dejen de lado sus enfoques de bloqueo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Recuerdan que abandonaron la última reunión justo cuando se abordó el asunto de la deuda, lo cual obstaculiza el progreso necesario para la economía regional.

El PSOE invita al PP a adoptar una postura más colaborativa y responsable en la negociación de un nuevo sistema de financiación, enfatizando la importancia de actuar en defensa de los intereses de la ciudadanía y alejándose de ausencias y negativas que perjudican la fortaleza de las comunidades autónomas.