MADRID, 25 de octubre. Un reciente análisis del Informe de las Comunidades Autónomas para 2024 arroja luz sobre una preocupante desconexión entre las actividades del Senado y las realidades políticas de las comunidades autónomas. Según este informe, la labor del Senado durante el año anterior estuvo marcada por una fuerte concentración en el debate nacional, a expensas de las cuestiones territoriales que afectan a los distintos territorios del país.

El estudio, que se realiza anualmente para evaluar la situación de las comunidades autónomas y que ha sido elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, bajo la dirección de expertos como Javier García Roca y Ana Carmona, revela que de las 418 preguntas tramitadas en 2024, apenas 111 se relacionaron con temas autonómicos. Este dato, aunque podría parecer significativo, representa solo alrededor del 25% del total, incluso considerando una interpretación amplia de lo que podría considerarse "autonómico".

El documento critica la falta de atención que el Senado ha demostrado hacia los temas de interés para las distintas regiones, enfatizando que las pocas cuestiones autonómicas que se plantean parecen estar bajo el control de la dinámica política nacional. "El Senado ha operado más como una sala de confrontación que como un espacio de diálogo constructivo, priorizando el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición", señala el informe.

A pesar de la crítica hacia el Senado, el informe reconoce el papel más activo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que sí ha tratado con mayor seriedad las iniciativas con implicaciones territoriales y ha promovido la presencia de los gobiernos regionales en el debate nacional. Esta comisión celebró un total de 10 sesiones en 2024, donde se abordaron múltiples temas relevantes para el funcionamiento del sistema autonómico.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la relación entre las iniciativas aprobadas en esta comisión y los ejecutivos autonómicos no parece haberse consolidado. Existe una sensación de que, si bien la comisión ha proporcionado un espacio útil para que las comunidades se hagan oír, su conexión con los gobiernos ha sido insuficiente para otorgarles el peso necesario en el ámbito nacional.

El informe también destaca que, aunque la comisión se ha percibido como un foro menos polarizado en el que se pueden discutir cuestiones de manera más constructiva, hasta ahora no se ha establecido un vínculo efectivo con el Gobierno central que permita que las mociones y propuestas emergentes tengan un impacto real y duradero.

En términos de contenido de las preguntas parlamentarias, el informe indica que la mayoría de ellas se centraron en cuestiones nacionales, con referencias casi siempre provinciales o locales, y raramente de carácter autonómico. Esto sugiere que las preocupaciones de los ciudadanos de las regiones no están siendo adecuadamente representadas en la esfera política más amplia.

Los aspectos que realmente sí se vinculan con la agenda regional se limitan a cuestiones como la inversión estatal en infraestructuras de transporte y la operatividad de servicios públicos nacionales, tales como la seguridad. El informe concluye que, aunque la forma en que se distribuyen las preguntas y mociones demuestra este patrón, aún queda un largo camino por recorrer para que las preocupaciones autonómicas tengan un protagonismo adecuado en el Senado.