Los magistrados del Tribunal Supremo han decidido suspender la vista prevista para el próximo 10 de enero en el caso de Clara Ponsatí, exconsellera y eurodiputada de Junts, por motivos de agenda en la Sala de lo Penal. Esta decisión ha sido tomada para priorizar otros casos pendientes que requieren atención inmediata.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el tribunal de apelación estará conformado por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, quien actuará como ponente en este caso.

El recurso de apelación presentado por Ponsatí cuestiona la naturaleza delictiva de los hechos que se le imputan, así como la competencia e imparcialidad del Tribunal Supremo y del instructor Pablo Llarena. La exconsellera ya había impugnado la resolución en una etapa anterior, ante el propio Llarena, pero su impugnación fue rechazada, por lo que ahora busca apelar.

Los hechos se remontan al 28 de marzo, cuando Ponsatí fue detenida en Barcelona por desobedecer su obligación de comparecer ante el alto tribunal. Ese mismo día, Llarena decidió ponerla en libertad y citarla para el 24 de abril. Sin embargo, Ponsatí no se presentó argumentando que tenía trabajo en la Eurocámara.

El juez Llarena consideró que su excusa por las tareas en la Eurocámara era una manera de eludir sus responsabilidades procesales y emitió una orden de detención nacional en su contra. Ponsatí fue nuevamente detenida el 24 de julio, después de anunciar en redes sociales que se encontraba en Barcelona. En esa ocasión, declaró en los juzgados de la ciudad condal, lo que permitió que Llarena finalizara la investigación.

La situación penal de Ponsatí cambió después de la entrada en vigor de una reforma penal que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación. Esto obligó a Llarena a revisar el procesamiento de los políticos residentes en el extranjero relacionados con el caso del 1-O. Como resultado, el delito de sedición que se imputaba a Ponsatí fue sustituido por el de desobediencia.

Aunque tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron al juez que añadiera el delito de desórdenes públicos agravados, Llarena decidió descartarlo. Ahora, Ponsatí seguirá un proceso similar al de otros políticos independentistas, como Anna Gabriel y Meritxell Serret, que han regresado a España para declarar y han sido puestos en libertad antes de que se celebre el juicio.