El pasado 9 de octubre en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad madrileña ha tomado la decisión de archivar la querella presentada por el productor Nacho Cano contra la exjueza Inmaculada Iglesias. Esta acción judicial se refería a un supuesto delito de prevaricación vinculado a cómo se gestionó la investigación sobre alegadas irregularidades en el espectáculo 'Malinche'.

La información fue confirmada a través de un auto accesible a Europa Press, donde los magistrados argumentaron que no tienen competencia para tratar el caso y decidieron archivarlo. No obstante, se deja la puerta abierta para que la querella sea sometida a otro órgano judicial que sí sea competente en esta materia.

Un punto clave que menciona la Sala es que la exjueza perdió su estatus de aforada tras su jubilación forzosa, un hecho que fue oficializado el 9 de agosto en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los documentos presentados en la querella se encontraba una grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo. Este testimonio fue fundamental en la revisión del caso y contribuyó al archivo de la querella, ya que se refiere a una inspección realizada el 27 de junio de 2024.

La decisión de archivar el caso se tomó varios meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera suspender el procedimiento, concluyendo que no había pruebas que indicaran que los ciudadanos mexicanos que llegaron a España para participar en el musical lo hicieron de manera clandestina.

Según argumentaron los magistrados, de las diligencias realizadas no se desprendían indicios suficientes que apuntaran a un delito contra los derechos de los trabajadores o de los extranjeros. También destacaron que cualquier fallo relacionado con requisitos administrativos debía evaluarse en otra jurisdicción, indicando que el Juzgado no tenía potestad para investigar en este sentido.

La defensa de Cano alegó que el atestado que originó el caso estaba basado en premisas incorrectas, incluyendo una mala interpretación de la legislación vigente y el erróneo trato de estudiantes como trabajadores ilegales. Argumentaron que, a partir de estas premisas, se creó un atestado repleto de incongruencias con el único propósito de llevar a cabo la detención de Cano.

Los abogados de Cano también mencionaron que existen 17 denuncias relacionadas con delitos de coacción, amenazas y falsificación documental en torno al proceso que sigue el Juzgado de Instrucción número 19. Estas irregularidades, señala la defensa, constituyen un grave atentado contra la administración de justicia que debería ser investigado de manera conjunta. A pesar de las evidencias, la jueza desestimó las inhibiciones solicitadas por otros juzgados involucrados en las denuncias.

Por último, la defensa de Cano destacó que han enfrentado importantes obstáculos para ejercer su derecho a la defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Según su testimonio, esto no solo se debe a la continua negativa a acceder a las pruebas que consideran necesarias, sino también a una evidente parcialidad de la jueza en este proceso.