En un giro inesperado en el ámbito legal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha ofrecido este miércoles su evaluación sobre los controvertidos aranceles implementados por el expresidente Donald Trump en abril. Este movimiento genera incertidumbre en el panorama económico, ya que Trump había advertido previamente que una decisión en contra de las tarifas podría resultar en un "desastre total", obligando a la nación a enfrentar reembolsos por "billones" de dólares.

A pesar de la atención mediática, el tribunal no aclara con anticipación los temas que abordará ni establece un cronograma fijo para sus pronunciamientos, lo que mantiene en suspenso a muchos sectores. En la jornada de hoy, el Supremo se pronunció sobre tres asuntos distintos, tras haber emitido decisiones en otro caso a finales de la semana pasada.

La incertidumbre persiste en torno a cuándo el tribunal brindará su siguiente opinión sobre los asuntos que siguen en agenda. Este entorno de expectativa se amplía debido a los aranceles globales propuestos por Trump en el 2025, los cuales han sido desafiados por un grupo de estados y empresas que consideran que el expresidente sobrepasó sus límites al implementar dichas tarifas mediante órdenes ejecutivas, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

Esta legislación permite al presidente regular o prohibir transacciones internacionales solo en situaciones de emergencia nacional, y la administración Trump enfrenta críticas por su interpretación de esta ley. A inicios de noviembre de 2025, el tribunal escuchó los argumentos tanto del equipo legal de Trump como de un tribunal federal que señaló que el uso de la ley por parte del presidente podía ser considerado como un abuso de poder.

Más tarde, en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional apuntó que el presidente había excedido su autoridad al invocar la IEEPA para sustentar su política arancelaria. Si el Tribunal Supremo finalmente concluye que el gobierno actuó de manera inapropiada, esto no solo convertiría la decisión en una de las mayores derrotas legales de Trump desde su retorno a la Casa Blanca, sino que también podría desatar una complicada lucha legal en la que miles de empresas afectadas por los elevados costos de importación podrían exigir reembolsos significativos.