En Madrid, el 30 de julio, se ha emitido una importante actualización sobre el 'caso Koldo', a medida que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido prorrogar la investigación por un período adicional de seis meses. Esta extensión se fundamenta en la necesidad de que las autoridades policiales examinen un voluminoso material recopilado durante las operaciones de registro y las intervenciones telefónicas realizadas a los sospechosos.

En un auto presentado este miércoles, que ha sido documentado por Europa Press, Puente ha hecho oficial que la causa se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026. Esta investigación incluye a figuras prominentes como el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Todos ellos están bajo la sospecha de haber participado en posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas.

El magistrado ha subrayado que el estudio de los dispositivos electrónicos confiscados podría generar la necesidad de llevar a cabo nuevas diligencias de investigación. En sus recientes afirmaciones, mencionó que la información almacenada en estos aparatos asciende a más de 10 terabytes, lo que se traduciría en un asombroso volumen de 65 millones de páginas si se transcribiera de manera textual.

Además, Puente ha señalado que el testimonio y las evaluaciones realizadas en las últimas semanas, incluso de varios empresarios supuestamente relacionados con el caso, podrían también conllevar a la necesidad de realizar más indagaciones. En este contexto, el instructor ha destacado la importancia de recopilar y examinar exhaustivamente los expedientes administrativos vinculados, al menos, al proceso de licitación y adjudicación de las obras que han sido identificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En las últimas semanas, Puente ha recibido información adicional, incluida la más reciente obtenida de la Hacienda Foral de Navarra, que detalla aspectos fiscales relacionados con Santos Cerdán, Servinabar 2000 y Joseba Antxón Alonso, quien es el administrador de la entidad y tiene lazos con el exsocialista. Los investigadores deben presentar al magistrado un informe que analice meticulosamente todos estos datos.

Asimismo, el magistrado ha incorporado a la causa dos informes proporcionados por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que abordan supuestas irregularidades. Una de ellas se refiere a un sobrecoste de un millón de euros en una obra ejecutada por Fomento y Adif en Albal, Valencia, mientras que la otra se centra en la falta de aprobación de las cuentas de la fundación Fiadelso en varios ejercicios.