Una reciente resolución de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado la investigación del magistrado Leopoldo Puente en relación al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien es objeto de indagación por supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, el tribunal ha enfatizado que deben tolerarse las críticas del exministro hacia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de su derecho a la defensa.

La decisión se produjo en respuesta a un recurso presentado por Ábalos, quien alegó que la UCO había realizado "filtraciones" sobre su vida personal, sugiriendo así un motivado antagonismo y un ánimo de represalia por parte de la unidad. Los magistrados han desestimado este argumento, reafirmando que la investigación está centrada en su patrimonio y no en una supuesta intención de perseguirlo.

La Sala de Apelación subrayó que Ábalos no está siendo objeto de una investigación prospectiva, sino que se le investiga por posibles beneficios económicos ilícitos relacionados con su papel como funcionario público. En este sentido, se ha avalado la decisión del juez Puente de encargar un informe sobre el patrimonio del exministro, así como la citación de varios testigos para profundizar en la materia.

Los magistrados subrayaron que la indagación se centra en comprobar la existencia de ingresos no declarados o beneficios económicos que podrían estar ligados a conductas indebidas. Asimismo, afirmaron que no están investigando hechos ajenos a los enunciados por la acusación.

Los jueces, Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral, también han desestimado las acusaciones de descalificación que Ábalos realizó hacia los agentes de la Benemérita, considerándolas carentes de fundamentos sólidos. En este sentido, coincidieron con la Fiscalía en que las expresiones del exministro deben ser entendidas como parte de su derecho a la defensa, aunque eso no exime su responsabilidad.

La Sala también ha apoyado las diligencias solicitadas a la UCO que investigan la comunicación entre el empresario investigado, Víctor de Aldama, y varios miembros de la política, incluyendo al hijo de Ábalos. Los magistrados indicaron que tales diligencias son esenciales dado que De Aldama afirmó haber mantenido contacto con estos individuos, lo que hace necesario comprobar la veracidad de esos intercambios.

Además, el tribunal se pronunció sobre la inclusión de un inmueble en Perú en el interrogatorio de Ábalos, rechazando su queja al considerar que la pregunta era pertinente y había surgido a raíz de una referencia hecha por el propio exministro a una noticia que lo vinculaba a dicho bien.

Finalmente, la Sala de Apelación concluyó que la evolución del proceso investigativo será crucial para que el juez Puente forme una convicción acerca de la posible comisión de delitos y la implicación de sus eventuales autores en estos hechos.