En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de España ha validado el uso de pruebas recolectadas a través del servicio de mensajería encriptada EncroChat en las investigaciones judiciales. Esta resolución llega tras la confirmación de una sentencia emitida por la Audiencia Nacional, que resultó en penas de prisión que oscilan entre cinco y catorce años, además de multas que suman un total de 14 millones de euros, impuestas a ocho individuos involucrados en delitos de tráfico de drogas en el marco de una investigación criminal.

El Pleno de la Sala de lo Penal, al desestimar los recursos presentados por cinco de los condenados, establece un precedente fundamental al ratificar la legalidad de usar evidencias obtenidas mediante una orden europea de investigación que se llevó a cabo en Francia, donde se interceptaron las comunicaciones. Esta decisión marca un hito, ya que es la primera vez que el máximo tribunal español se expresa sobre la legalidad de este tipo de pruebas en el contexto judicial.