
Barcelona, 10 de septiembre. Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado un giro inesperado al panorama educativo en la comunidad autónoma, al anular varios aspectos fundamentales del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario aprobado por la Generalitat en mayo de 2024. Esta decisión responde a un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que argumentaba que el decreto limita el uso del castellano en el ámbito escolar.
Según la sentencia, que ha sido divulgada por Europa Press, más de diez artículos del mencionado decreto han sido considerados nulos, afectando a las disposiciones que buscaban asegurar un entorno lingüístico protegido para el catalán como lengua vehicular principal. Los jueces argumentan que estas normas contradicen varios artículos de la Constitución española, específicamente los números 3, 14 y 27, que abogan por la igualdad de idiomas y la protección de los derechos lingüísticos.
Entre los artículos anulados se encuentran aquellos que establecían el uso del catalán y el aranés como lenguas vehiculares predominantes en las aulas, así como su aplicación en la atención a estudiantes recién llegados y su uso en la comunicación interna de los centros educativos. Este revés legal plantea interrogantes sobre la futura dirección de las políticas lingüísticas en la educación catalana.
El tribunal ha declarado nulos los artículos relacionados con diversas facetas del régimen lingüístico, incluyendo finalidades, uso y atención lingüística de los estudiantes no catalanohablantes, así como otros aspectos diseñados para regular el funcionamiento de los centros educativos. A pesar de esta anulación, ciertos artículos que preservan el papel del catalán como lengua oficial de la administración educativa han permanecido intactos, al ser considerados compatibles con la Constitución.
Este fallo no solo marca un punto de inflexión en el debate sobre la lengua en las escuelas de Catalunya, sino que también reaviva la discusión sobre el equilibrio entre el uso del catalán y el castellano en una sociedad que valora la diversidad lingüística. La decisión del TSJC seguramente seguirá generando reacciones intensas entre las diferentes partes interesadas en el sistema educativo catalán.
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