En una decisión que resuena con fuerza en el ámbito de la vivienda, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado su postura contra Airbnb, desestimando el recurso interpuesto por la plataforma y ordenando la eliminación de 5.800 anuncios de propiedades turísticas. Esta información fue revelada por Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, durante una sesión del Consejo Territorial de Derechos Sociales celebrada en el Imserso.

Recientemente, el tribunal ya había respaldado las acciones del Ministerio, obligando a Airbnb a responder por la legalidad de los anuncios en su plataforma. Bustinduy destacó que la reciente resolución confirma la firmeza del estado respecto a la regulación en el sector de la vivienda turística, señalando la importancia de que las empresas respeten la legislación vigente.

Los anuncios en cuestión afectan a diversas comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el País Vasco. Estas propiedades han sido señaladas por infringir normativas clave, como operar sin un número de licencia adecuado, utilizar identificaciones incorrectas y carecer de la información jurídica necesaria sobre los arrendadores.

El ministro subrayó la relevancia de esta decisión, enfatizando que ninguna entidad debería estar por encima de la ley. En sus declaraciones, Bustinduy destacó que ciertas empresas, incluidos fondos de inversión y plataformas globales, están lucrándose a expensas del derecho a la vivienda, un derecho esencial para millones de familias en España.

Además, el ministro mostró su compromiso de trabajar junto a las autoridades pertinentes para poner fin al descontrol que rodea a los alojamientos turísticos ilegales, promoviendo un acceso equitativo a la vivienda y protegiendo los derechos de los consumidores. En mayo, el Ministerio había instado a Airbnb a retirar casi 66.000 anuncios ilegales, y esta reciente acción representa solo una parte de un esfuerzo más amplio para regular el sector.

Respecto a otros anuncios aún bajo revisión, Bustinduy anticipa una respuesta similar de la compañía, ya que considera que los argumentos legales en contra de estos anuncios seguirán siendo los mismos. La lucha por garantizar un acceso justo a la vivienda continúa, y el gobierno se mantiene firme en su postura de vigilancia y regulación en el sector turístico.