En fechas recientes, Elma Saiz, la ministra responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha instado a calmarnos en torno a la controvertida propuesta que prevé un incremento en las cuotas de los trabajadores autónomos a partir de 2026. Saiz subraya que esta iniciativa, aún en fase de discusión, ha sido presentada únicamente a sindicatos y representantes empresariales, y enfatiza la importancia de una reflexión colectiva sobre el tema.

El lunes pasado, el Ministerio que lidera comunicó a las organizaciones tanto sindicales como de autónomos un planteamiento destinado a implementar un sistema de cotización basado en ingresos reales. Este esquema sugiere aumentos progresivos en las cuotas que abarcarían el período de 2026 a 2031, lo que implicaría que un autónomo con un ingreso mensual de 670 euros acabaría pagando cerca de 217 euros en concepto de cuota.

Reacciones adversas se han manifestado en el Congreso por parte de casi todas las formaciones políticas, lo que incluye a Sumar, el partido que forma parte del Gobierno, así como a socios del bloque de investidura como ERC y Junts, quienes han expresado su desacuerdo con la propuesta.

En respuesta a la creciente inquietud, Saiz se dirigió a los medios en los pasillos de la Cámara Baja para solicitar un ambiente de calma y reflexión. "Es necesario tomar tiempo para escuchar y considerar todas las reformas presentadas en la mesa de diálogo social", afirmó la ministra, enfatizando su compromiso con un proceso dialogante y transparente.

La ministra también destacó que la propuesta no solo implicaría un aumento en las cuotas, sino que también busca mejorar las condiciones para el cese de actividades de los autónomos y asegurar la igualdad en los permisos de maternidad y paternidad, ofreciendo soluciones integrales al colectivo.

A pesar de las críticas provenientes de sus aliados gubernamentales, Saiz optó por no profundizar en ellas. Sin embargo, hizo un llamado al Partido Popular para que evite la hipocresía y abandone su postura que pone en riesgo la protección de un sector esencial para la economía española.