En el sur de Líbano, la situación humanitaria se agrava, con más de 150.000 personas aún sin acceso a agua corriente, casi un año después de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hezbolá. Esta alarmante información proviene de un informe de la ONG Acción contra el Hambre, que revela la profunda crisis que afecta a la región.

El análisis, realizado en colaboración con Insecurity Insight, resalta las “graves repercusiones” que ha tenido el conflicto en las infraestructuras de agua, saneamiento y salud pública. Según el Banco Mundial, las pérdidas en estos sectores ascienden a 171 millones de dólares (aproximadamente 146 millones de euros), lo que pone de relieve la devastación infligida a las comunidades locales.

A más de 30 localidades les falta suministro de agua, lo que ha obligado a los habitantes a depender de camiones cisterna, cuyos costos son prohibitivos para muchos. Los especialistas estiman que el 90% de los servicios de agua dentro de un radio de cinco kilómetros de la frontera sur se han interrumpido, lo que deja a la población en una precariedad alarmante.

La directora de Acción contra el Hambre en Líbano, Suzanne Takkenberg, ha expresado su preocupación por el “significativo riesgo de brotes de enfermedades”. La combinación de temperaturas extremas y la escasez de agua forzan a las comunidades más vulnerables a buscar fuentes de abastecimiento no seguras y potencialmente contaminadas.

Además, esta crisis hídrica amenaza medios de vida esenciales. Según Christina Wille, directora de Insecurity Insight, más del 82% de los agricultores en el sur de Líbano han admitido no contar con suficiente agua para irrigar sus cultivos o abastecer a su ganado, lo que agrava la ya crítica situación económica de la zona.

Las organizaciones humanitarias han recordado a todos los involucrados que el Derecho Internacional Humanitario impone obligaciones firmes para proteger los bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, incluyendo las infraestructuras de agua, que son vitales para la salud y el bienestar. La falta de atención a estas normas puede acarrear consecuencias devastadoras para quienes viven en esta región afectada por el conflicto.