MADRID, 25 de octubre. En un giro inesperado en la política española, Íñigo Errejón, una figura prominente y reconocido exdiputado, continúa su autoimpuesta penumbra un año después de su renuncia, mientras la sombra de una denuncia de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá en 2021 sobrevuela su carrera. La vida pública de Errejón ha girado por completo desde que dejó de ser portavoz de Sumar, un movimiento que ha defendido la igualdad de género y el feminismo.

En una sorprendente declaración el 24 de octubre del año pasado, Errejón decidió abandonar todos sus roles en la esfera política, mencionando problemas de salud mental y la presión del "patriarcado" que exacerbaba una "subjetividad tóxica". Su comunicado dejó entrever su conflicto interno entre su imagen pública y su vida personal, marcando un hito hacia su alejamiento definitivo del ámbito político.

La formación Sumar, en un momento crítico, respondió rápidamente al escándalo abriendo una investigación interna tras recibir acusaciones en redes sociales sobre el comportamiento del exdiputado hacia mujeres, provocadas por denuncias anónimas planteadas por la periodista Cristina Fallarás. Este acto de reacción inmediata refleja la seriedad con la que la formación trató este tipo de denuncias, ante la creciente presión para erradicar el machismo en cualquier forma dentro de su estructura.

Un mensaje final de Errejón a sus colegas en el grupo parlamentario, enviado a través de un canal de Telegram, contenía palabras de disculpa por el daño causado, evidenciando un cierre abrupto en la comunicación y relaciones que antes sostenía con sus correligionarios.

Ante la gravedad de las acusaciones, la dirección de Sumar tomó la decisión de destituir a Errejón de todos sus cargos antes de que el expediente formal se abriera. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, transparentó su percepción al declarar que Errejón no estaba en condiciones de ocupar posiciones de representación dentro de la formación, subrayando la línea de cero tolerancia hacia el machismo.

El impacto de estos eventos generó una crisis significativa en Sumar, evidenciando la contradicción entre ser una voz feminista y el señalamiento de uno de sus líderes por comportamientos considerados inapropiados. Txema Guijarro, secretario general del grupo, describió la situación como una "bomba nuclear" para la organización, señalando la fragilidad de su unidad en momentos decisivos.

En un compromiso por reparar el daño ocasionado, Sumar emitió reiteradas disculpas, implementó medidas de apoyo a las víctimas y se comprometió a mejorar sus protocolos, creando un canal de denuncias y un sistema antiacoso visible en su página web.

Desde que se desató este escándalo, numerosos diputados que compartieron escenario político con Errejón han expresado su decepción y enfado, enfatizando que cualquier posible relación futura se ha visto completamente fracturada, independientemente del desenlace del proceso judicial que enfrenta.

La posición que ocupaba Errejón en el Congreso fue asumida por Verónica Barbero, quien se convirtió en la nueva portavoz de Sumar, marcando un cambio significativo hacia la reconstrucción y renovación del liderazgo dentro de la formación, justo después de que se acordara una integración de las federaciones de Más País en Sumar.

A pesar de ser un cofundador de Podemos y de haber impulsado Más Madrid, Errejón ha optado por mantenerse alejado de la vida pública tras la crisis. Su única aparición desde su renuncia fue en enero, cuando se presentó en los juzgados de Plaza Castilla, defendiendo su inocencia y expresando su confianza en el sistema judicial, aunque se espera que su voz permanezca callada hasta que se resuelva su situación legal.

Con su renuncia, Errejón dejó de recibir una indemnización correspondiente a sus años como miembro del Congreso, y en su última declaración financiera, reportó un aumento en su patrimonio personal, acumulando 363,966 euros en cuentas bancarias, notablemente más de lo que había declarado al ingresar al Congreso por primera vez.

Ahora, el exdiputado espera los resultados de la investigación judicial a cargo del juez Adolfo Carretero por la denuncia de Mouliaá, un proceso que se ha prolongado por meses, con el juez estableciendo un plazo hasta el próximo año para finalizar las indagaciones.

En su comparecencia, Errejón reafirmó que su dimisión no fue un reconocimiento de culpabilidad en las acusaciones, sino una decisión impulsada por la pérdida de confianza en su liderazgo político. "Cuando pierdes la confianza de tus dirigentes, es hora de dar un paso atrás," afirmó, articulando su autoexilio del espacio que una vez defendió con ímpetu.

Recientemente, el juez Carretero ha tomado declaración a dos psiquiatras que atendieron a Mouliaá, quienes confirmaron que la actriz recibió tratamientos antidepresivos en 2023, casi dos años después del incidente, sin que ella hubiera hecho alusión a dicho episodio en sus consultas médicas.