El juez Alejandro Abascal, de la Audiencia Nacional, ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Antidroga para el teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y los otros dos agentes de la Benemérita investigados por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. A pesar de ser liberados, se les impondrá la obligación de comparecer mensualmente ante las autoridades judiciales.

Los tres hombres son acusados de haber presionado a subordinados para saber si estaba en curso una investigación sobre la presencia de Oliva en una fiesta relacionada al narcotráfico. El Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado comenzó una investigación secreta al respecto el año pasado, y las presuntas presiones fueron detectadas por el mismo.

Oliva se enfrenta a cargos por cohecho por haber sugerido que pasaría información de Asuntos Internos a Antidroga en caso de recibir apoyo de los tenientes investigados. El exjefe del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON), creado en 2018 y desmantelado el pasado septiembre por el Ministro del Interior, también se enfrenta a acusaciones de revelación de secretos.

Los dispositivos electrónicos de Oliva y otro de los imputados han sido entregados para ser analizados como parte de la investigación.