En Madrid, el 3 de octubre, un grupo de expertos en Derecho Constitucional ha debatido la reciente propuesta del Gobierno para proteger el derecho al aborto en la Constitución española, señalando que, aunque es jurídicamente factible, la actual polarización política hace que su viabilidad sea cuestionable.

El catedrático Javier Tejadura, de la Universidad del País Vasco, comentó a Europa Press que el blindaje constitucional del aborto podría ser posible desde un punto de vista legal. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio en la Constitución requiere el respaldo de una mayoría cualificada en el Congreso, lo cual es altamente improbable en el contexto político actual.

Tejadura enfatizó que si no hay un acuerdo previo entre los partidos, "hablar de reforma se vuelve una mera especulación. Jurídicamente sería factible, pero sin esa mayoría, queda en el aire". Además, subrayó que el aborto ya está protegido por ley, lo que significa que una modificación constitucional no necesariamente aportaría efectos prácticos significativos, salvo por su resistencia a ser revertida con facilidad.

Desde otro ángulo, David Ortega, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, coincidió al afirmar que la posibilidad jurídica de la propuesta está vinculada a la modificación de un artículo específico. "Para avanzar, necesitarías el apoyo del PP, que ya ha expresado su oposición", señaló Ortega, sobre cómo esta propuesta carece de un camino viable. Sin embargo, también otorgó importancia al hecho de que, de ser aceptada, tal inclusión ofrecería una protección legal más robusta frente a futuras legislaciones.

José María Porras, profesor en la Universidad de Granada, se alineó con sus colegas al afirmar que aunque es técnicamente viable, el proceso es extremadamente complicado. Además, destacó la falta de acercamiento entre los principales partidos políticos en el clima actual de polarización, lo que pone en duda la posibilidad de consenso necesario para tal reforma.

El anuncio del Gobierno llega en un contexto polémico, tras la aprobación por parte de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, bajo el apoyo del PP, de una iniciativa para informar a las mujeres sobre un supuesto "síndrome post-aborto" para aquellas que consideren interrumpir su embarazo.

De llevarse a cabo la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, España podría convertirse en el segundo país en incluir el derecho al aborto en su Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia en 2024. El Gobierno justificó esta iniciativa como una medida para prevenir cualquier posible retroceso en los derechos de las mujeres.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado su apoyo a la necesidad de blindar el aborto en la Constitución, destacando la importancia de seguir el modelo de países como Francia. En un evento conmemorativo por el 40 aniversario de la legalización del aborto en España, Redondo expresó que reconocer derechos constitucionalmente es fundamental para asegurar que, ante cambios de gobierno, se respeten las normas democráticas.

No obstante, en marzo de 2024, Redondo había reconocido que la actual situación en España no parecía propicia para avanzar en este tipo de reformas constitucionales, afirmando que "lamentablemente, no creo que estén dadas las circunstancias necesarias para esos grandes consensos".