La junta de fiscales de sala de la sección penal del Tribunal Supremo se reunió hoy para abordar la polémica decisión de la Audiencia Nacional sobre el caso Miguel Ángel Blanco.

Según fuentes consultadas, la mayoría de los fiscales se inclinaron por respaldar los recursos para reabrir el caso, argumentando que los hechos no han prescrito y cuestionando la competencia de la AN para archivarlo.

Esta postura, liderada por el fiscal Álvaro Redondo, contrasta con la posición de los jefes de la sección penal del TS, lo que deja en manos de la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde la decisión final.

En el caso concreto de María Soledad Iparraguirre y otros implicados, la Sala de lo Penal de la AN determinó que los hechos estaban prescritos debido al tiempo transcurrido desde su comisión, lo que generó un debate legal que ahora debe resolver el TS.

Las defensas, respaldadas por la Fiscalía, habían argumentado desde el principio que los hechos estaban prescritos, pero el procesamiento de los acusados reavivó la controversia y desencadenó la presentación de recursos que aún están en curso.

El papel del PP y de la asociación DyJ en este caso, que se remonta al secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en 1997, ha sido clave en el ámbito legal y político.

Se espera que la Fiscalía, liderada por Sánchez Conde, tome una decisión pronto respecto a los recursos presentados, para así definir el futuro del caso en los tribunales.

Este caso, al igual que otros de relevancia política y social, ha generado intensos debates internos en la Fiscalía y ha suscitado interrogantes sobre la interpretación de la ley en casos tan sensibles como el terrorismo.