El exasesor ministerial Koldo García se encuentra en el centro de la atención judicial tras una solicitud presentada ante el Tribunal Supremo por su defensa, en la que se requiere a la Dirección General de la Guardia Civil que proporcione los nombres de los agentes que accedieron a bases de datos policiales para obtener información sobre él. Esta solicitud surge en el contexto de las investigaciones relacionadas con el 'caso Gaslow', que se remontan a 2021, antes de que se hiciera público el 'caso Koldo' en 2024.

Este trámite, al que tuvo acceso Europa Press, fue registrado formalmente por la defensa ante el magistrado Leopoldo Puente, quien está a cargo de los procedimientos en los que García es investigado por su supuesta implicación en una red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, junto a otros ex altos cargos, como el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La petición se fundamenta en interceptaciones de conversaciones realizadas en un caso distinto que se procesa en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, donde se aborda un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos durante los años 2020 y 2021, conocido como el 'caso Gaslow'.

Un aspecto clave mencionado se refiere a los intercambios de mensajes de abril de 2021 entre Juan Vicente Bonilla, un exresponsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y un confidente sobre Koldo García. La investigación ha sido defendida por el magistrado Santiago Pedraz, quien en junio pasado afirmó que se había llevado a cabo de manera legal y sin ningún indicio de manipulación.

La abogada Leticia de la Hoz argumenta ante el Supremo que su intención es determinar si existió alguna investigación de carácter prospectivo contra su cliente. Además, advierte que cualquier evidencia obtenida de tal investigación podría ser considerada nula debido a la posible infracción de derechos fundamentales.

Con este fin, la defensa solicita que se elabore un "informe de auditoría detallado" por parte de la Guardia Civil, a través de su departamento de Asuntos Internos o la entidad responsable pertinente. También se requiere la identificación de los agentes de la UCO involucrados en las consultas sobre Koldo García, así como las fechas precisas en que se llevaron a cabo dichos accesos.

Finalmente, la defensa enfatiza que la información solicitada debe incluir un desglose sobre el acceso a registros mercantiles, datos catastrales, información sobre cuentas bancarias y otros datos a los que los agentes de la Guardia Civil puedan acceder en el ejercicio de sus funciones. Este detalle es crucial para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos individuales en el marco de las investigaciones en curso.