En una muestra contundente de defensa del mutualismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reunió este sábado a aproximadamente 35.000 funcionarios de diversas zonas de España frente a la Dirección General de Muface en Madrid. Este evento se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las aseguradoras médicas, conforme se aproxima la fecha de expiración del actual concierto, que está programado para finalizar a finales de este mes.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, no escatimó en advertencias al manifestar que "no descartamos ninguna medida de presión, incluyendo una huelga en las administraciones públicas". Su discurso también incluyó críticas dirigidas a formaciones políticas como Sumar, a las que reprochó su falta de apoyo hacia la continuidad del sistema de mutualismo, una estructura que, según el dirigente, es esencial para el bienestar de los funcionarios.

La manifestación reunió a funcionarios de todos los rincones del país, quienes expresaron su frustración ante la situación que están viviendo. Según Borra, este colectivo no puede soportar la elevada presión que ejercen tanto el Gobierno como las aseguradoras médicas, especialmente debido a los constantes retrasos en las citas médicas y pruebas que necesitan. "Los funcionarios no merecen ser desatendidos en su salud, considerando la calidad del servicio que ofrecen a los ciudadanos", enfatizó.

El representante de los funcionarios también recordó que el actual convenio está en vigor hasta el 31 de enero de 2025. Además, hizo hincapié en que hay "centenares de correos electrónicos" que documentan las quejas y reclamaciones de quienes están sufriendo las consecuencias de esta crisis en el sistema de salud.

En la misma línea, Ester Muñoz, vicesecretaria de sanidad y educación del Partido Popular, se unió a la manifestación y arremetió contra el Gobierno. La política acusó a la administración de "crear un problema donde no lo había" y de contribuir a una "situación insostenible" que amenaza el modelo de Muface, que ha sido considerado "positivo" en años recientes.

Muñoz, además, subrayó la incertidumbre que sienten muchos funcionarios, especialmente aquellos que están cerca de la jubilación o que ya la han alcanzado, al no saber si se verán obligados a cambiar de médico debido a los cambios en el sistema sanitario actual.

En un esfuerzo por visibilizar esta problemática, el sindicato de trabajadores públicos llevó a Bruselas las numerosas quejas recibidas recientemente por parte de los mutualistas, quienes han denunciado la cancelación, reprogramación y suspensión de citas médicas e intervenciones quirúrgicas como consecuencia de la incertidumbre generada por el concierto sanitario en cuestión.

Estas quejas ya fueron presentadas formalmente ante el Defensor del Pueblo la semana pasada y se han registrado en el Congreso de los Diputados, con la intención de que los diferentes grupos parlamentarios promuevan iniciativas en favor de la asistencia sanitaria de los 1,5 millones de mutualistas que dependen de Muface.

Además, al presentar las quejas en el ámbito europeo, el sindicato espera que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tomen conocimiento de la situación que atraviesan los trabajadores públicos y sus familias bajo la atención de Muface, instando a que "tomen las acciones que consideren pertinentes" para abordar esta crisis.

En cuanto a la situación del contrato de las aseguradoras, se ha informado que las tres compañías actualmente involucradas en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026. Esto se debió a la propuesta del Gobierno de incrementar las primas en un 17,12%, cifra que se encuentra muy por debajo de la demanda de las aseguradoras, que rondaba el 40%.

Tras quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un período de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras informaran a Muface sobre los precios que estarían dispuestas a ofrecer por el servicio sanitario, especificando las primas que se tendrían que pagar por cada grupo de edad durante el nuevo concierto programado para 2025, 2026 y 2027.

El primer intento de licitación abarcaba los años 2025 y 2026, pero la consulta preliminar establece un período de validez del nuevo contrato de tres años, es decir, del 2025 al 2027.

Una vez cerrado el período de consulta, se recopiló toda la información en un informe final, donde se destaca que las aseguradoras DKV y Asisa no presentaron a Muface "evidencia de costes" con respecto a la prima que habían sugerido para el nuevo concierto, mientras que Adeslas no participó en la consulta preliminar.

De acuerdo con la información obtenida, el Gobierno tiene la intención de lanzar una nueva licitación para el concertado de asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface antes de que finalice el año. Así lo comunicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, evidenciando la necesidad urgente de resolver esta problemática para garantizar la atención sanitaria de los empleados públicos.