La controversia política se intensifica en torno al PSOE y su relación con la exconcejal Leire Díez, quien ha sido el centro de atención tras la aparición de un audio donde solicita información sensible de la Guardia Civil. En este contexto, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado un supuesto “pacto de omertá” entre el PSOE y Díez, sugiriendo que dicho acuerdo implicaría la entrega de documentación a cambio del cierre de un expediente abierto por el partido socialista.

En declaraciones realizadas este miércoles, Gamarra no escatimó palabras al referirse a la reunión que tuvo lugar en la sede del PSOE en Ferraz. Según su versión, este encuentro significó el establecimiento de un “silencio cómplice” entre ambas partes, destacando que, a pesar de la insistencia del PSOE en distanciarse de Díez, esta mantuvo una entrevista de dos horas en la que supuestamente entregó información relevante.

La líder ‘popular’ argumentó que, a su juicio, el PSOE no tendría más remedio que poner toda la documentación relacionada con este asunto a disposición de la Justicia, cuestionando su disposición a aclarar la situación. “Es importante saber qué pasos darán ahora”, enfatizó, añadiendo que lo que se ha presenciado es un claro acuerdo de mudez entre el partido y la exconcejal.

Por su parte, Leire Díez, quien se presentó ante las autoridades en el marco de la investigación, ha solicitado su baja voluntaria del PSOE, lo cual, según el partido, daría pie a que cualquier acción orgánica en su contra, así como el expediente abierto, queden en suspenso. Esta decisión se hizo pública tras su reunión con el encargado de los asuntos legales del PSOE.

El audio que desató la controversia había sido revelado previamente por “El Confidencial”, en el que Díez se encuentra en conversaciones con figuras contemporáneas del ámbito empresarial y jurídico, proponiendo un acuerdo que claramente comprometía a varias personalidades de la Guardia Civil en un contexto de presunto fraude de gran magnitud.

No solo se insistía en la obtención de información contra mandos de la UCO, también se buscaban detalles comprometedores sobre otros altos funcionarios, lo que lleva a cuestionar la profundidad y las implicaciones de esta red de conexiones entre lo político y lo judicial.