El debate sobre el permiso de 10 días por fallecimiento que propuso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha generado preocupación entre los representantes empresariales, que demandan un enfoque más dialogado y menos unilateral. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, expresó este viernes su postura, argumentando que la propuesta no debe abordarse de manera improvisada y sin el debido consenso.

Garamendi dejó claro que su crítica no reside en el contenido de la medida, sino en las "formas" a través de las cuales se presenta. Considera que la ministra utiliza su posición en el Ministerio de Trabajo para lanzar anuncios que parecen más una estrategia personal que un esfuerzo por mejorar la legislación laboral. En sus declaraciones a RNE, Garamendi afirmó que el gobierno debería estar involucrado en estos debates en lugar de tomar decisiones aisladas.

El líder empresarial señaló que la falta de diálogo previo con otros miembros del Gobierno y los interlocutores sociales es un motivo de preocupación. Según él, anunciar medidas en foros sin el consenso adecuado solo genera confusión y desconfianza. "Lo que sucede es que se busca un espacio populista que no ayuda al debate constructivo", agregó.

A pesar de su desacuerdo con la manera en que se está llevando el proceso, Garamendi reiteró que sigue creyendo en la validez del diálogo social. Resaltó la importancia de mantener líneas abiertas de comunicación, citando su reciente colaboración con la ministra de Seguridad Social para discutir temas relacionados con la incapacidad temporal. Esta dinámica, según él, contrasta con la forma en que se anunció la medida de 10 días por fallecimiento, en la que falta claridad y estudio técnico sobre sus implicaciones.

Finalmente, Garamendi abogó por un enfoque más colaborativo, sugiriendo que es fundamental sentarse a dialogar con los sindicatos y evaluar en conjunto el alcance y la implementación de nuevas normativas. "No se trata solo de emitir anuncios, sino de generar un marco legal que sirva a todos", concluyó, enfatizando la necesidad de un proceso que respete las normas democráticas y fomente el consenso.