En un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales en España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que a partir de hoy se pone en marcha un proceso de consulta pública sobre el nuevo Real Decreto destinado a reformar el registro horario.

Durante su intervención en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Díaz destacó que esta reforma del control horario responde a una de las principales objeciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para apoyar una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Este cambio, que fue rechazado en el Congreso, incluía también mejoras en el registro del tiempo de trabajo y garantizaba el derecho a la desconexión digital.

La ministra enfatizó que la patronal conocía que acortar la jornada en 30 minutos diarios no generaría grandes inconvenientes. "Están al tanto de que debemos mejorar el derecho a desconectar", argumentó. El inicio de este trámite de reforma, según Díaz, es esencial, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que el actual sistema de registro de jornada español no se ajusta a la legalidad europea, al carecer de fiabilidad y objetividad.

Díaz recordó que la condena del TJUE a España por esta cuestión implica que el Gobierno no está introduciendo cambios drásticos al abogar por un nuevo registro de jornada. La intención detrás de esta medida es eliminar las 2,8 millones de horas extraordinarias semanales no remuneradas que se registran en el país.

“El objetivo de este registro no es la vigilancia, sino asegurar que se compensen adecuadamente las horas extra, que se respeten los tiempos de descanso y que la productividad se evalúe de manera justa. Un país moderno no se edifica sobre la base de horas extras no contabilizadas, sino sobre trabajo digno, justo y con derechos reales”, subrayó la ministra.

La ministra también señaló que aunque la mayoría de las empresas cumplen con la normativa, existen otras que no lo hacen, lo que convierte esta reforma en una herramienta necesaria para combatir la competencia desleal en el sector empresarial.