El Consejo de Ministros ha dado un paso importante en su reunión del martes al aprobar un plan que busca abordar la desigualdad salarial en la Administración General del Estado (AGE). Entre las iniciativas que se presentan, destaca la creación de un estudio sobre la brecha de salarios por género, con el propósito de implementar medidas efectivas para erradicar estas disparidades.

Entre las medidas implementadas, se establece una jornada intensiva de verano, que irá del 1 de junio al 30 de septiembre, para el personal de la AGE que cuida de personas mayores dependientes. Este cambio busca facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, priorizando a estos empleados en la obtención de permisos y disfrute de vacaciones, un derecho que previamente solo se extendía a aquellos con niños menores de 12 años o con personas con discapacidad a cargo.

Además, el Gobierno ha decidido reforzar su compromiso contra el acoso sexual y por razón de género dentro de la Administración Pública, como parte de un enfoque más amplio hacia la igualdad de género. Esta acción forma parte del IV Plan para la Igualdad de Género, una colaboración entre el Ministerio de Transformación Digital, Función Pública y el Ministerio de Igualdad.

En palabras del ministro Óscar López, el objetivo del acuerdo es eliminar las desigualdades de género existentes en el ámbito de la AGE. El plan busca garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres en todos los niveles y asegura el trato justo y las oportunidades en todos los puestos de trabajo.

Este ambicioso proyecto plantea 20 objetivos a través de 45 diferentes acciones, abarcando desde la transformación organizativa hasta la sensibilización sobre igualdad, condiciones laborales, desarrollo profesional y la prevención de violencia de género. Asimismo, establece mecanismos para la recolección sistemática de datos que permitan medir el progreso y detectar áreas de mejora continua.

En el marco de estas medidas, se han establecido estrategias para atraer talento a sectores donde la representación de mujeres es muy baja y se fomentará la participación de trabajadoras en disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Además, el Plan incluye la formación en igualdad de género a todos los niveles de la Administración, integrando contenidos relacionados en los procesos de selección de personal.

En cuanto a la prevención de la violencia de género, el Plan introduce la promoción de 'Puntos Violetas', espacios de información y asistencia para aquellas que puedan ser víctimas de violencia machista. Se planteará un registro de estas iniciativas para garantizar su accesibilidad, con el fin de apoyar a las administraciones y a la ciudadanía en su implementación.

También se refuerzan los protocolos contra el acoso sexual, buscando asegurar que se implementen efectivamente y mejoren la protección de las empleadas públicas que hayan sido víctimas de estas situaciones. López ha destacado que la meta es hacer de la Administración un entorno completamente seguro para las mujeres.

Además, el Plan contempla ampliar la duración de la reserva del puesto de trabajo para las empleadas víctimas de violencia de género de seis meses a un año, proporcionando un mayor apoyo durante su proceso de recuperación y facilitando acceso a permisos y adaptaciones laborales que necesiten.

El documento subraya la necesidad de avanzar en la conciliación de la vida laboral y personal, destacando que actualmente el 75% de los permisos no retribuidos en la AGE son solicitados por mujeres, quienes todavía asumen la mayor parte de las responsabilidades del hogar y del cuidado de personas dependientes.