BRUSELAS, 8 de octubre.

La Comisión Europea ha dado un paso significativo al iniciar un procedimiento de infracción contra España debido a una sanción de 179 millones de euros impuesta el año pasado a varias aerolíneas, incluidas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Esta multa se originó por la práctica de cobrar tarifas adicionales por servicios como el equipaje de mano o la reserva de asientos adyacentes para aquellos que acompañan a personas con discapacidad.

Desde Bruselas, se argumenta que la legislación española sobre navegación aérea limita la capacidad de estas aerolíneas de establecer sus propias tarifas, lo que ha llevado a la Comisión a otorgar un plazo de dos meses a las autoridades españolas para que respondan ante las inquietudes que han sido planteadas por los analistas europeos.

La comunicación formal sobre la apertura del procedimiento de infracción se realizó a través de una carta motivada, que abre un espacio de diálogo de dos meses entre Bruselas y Madrid con el propósito de encontrar una solución a las discrepancias antes mencionadas.

Si el conflicto no se resuelve en este plazo, la Comisión Europea podría avanzar a una segunda etapa. Esto implicaría el envío de un dictamen más exhaustivo, que ofrecería un nuevo periodo de negociación, antes de considerar la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su fase final.