En un giro inesperado dentro del ámbito judicial español, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido continuar con el Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar este lunes, desestimando así la solicitud de suspensión presentada por la Asociación de Fiscales (AF). Esta decisión llega en un momento crítico, justo antes del juicio que enfrentará en el Tribunal Supremo por supuestas revelaciones de secretos, lo que ha suscitado fuertes reacciones.

Según fuentes cercanas al Consejo Fiscal, García Ortiz comenzó la reunión explicando que no había fundamento legal para cancelar el Pleno. A pesar de la controversia, los vocales electivos del órgano —seis de nueve, además del fiscal general y otros dos miembros natos— no emitieron una opinión al respecto durante la sesión.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ámbito, había compartido sus preocupaciones en un comunicado el 10 de octubre, señalando que “mantener el Pleno en estas condiciones resulta completamente inapropiado”, dada la inminente apertura de juicios en su contra en el Tribunal Supremo por posibles delitos cometidos durante su gestión.

Se recordaron los antecedentes de la situación, en particular, el Pleno anterior del 18 de septiembre, donde se había cerrado la fase de instrucción y se había acordado dar paso a juicio oral. “Ahora, el Pleno previsto tiene lugar solo dos semanas antes de este importante juicio”, argumentaron los vocales en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press.

Los miembros de la Asociación expresaron su preocupación con respecto al impacto que la situación del fiscal general está generando en la percepción pública del Ministerio Público. Subrayaron que, al desempeñar su rol de presidente del Consejo Fiscal, el órgano ya se ve afectado por el escándalo, especialmente cuando se trata de proponer nombramientos en medio de un proceso judicial tan delicado.

La Asociación demandó que se cancelara el Pleno y que se suspendieran los nombramientos planteados, aduciendo la necesidad de proteger la integridad y la imagen pública del órgano que representa a la carrera fiscal ante la creciente controversia que afecta a la institución.

Dicha controversia está relacionada con un juicio que iniciará el 3 de noviembre, donde García Ortiz será juzgado por presuntamente filtrar un correo electrónico a la Cadena SER. Este documento contenía ofertas de reconocimiento de delitos fiscales por parte del novio de la presidenta madrileña, lo que ha desencadenado una serie de eventos que ponen en tela de juicio la transparencia del Ministerio Público.

A pesar de las inquietudes planteadas, el Pleno se llevó a cabo sin contratiempos, resultando en la propuesta de 15 nombramientos discrecionales en el alto escalafón de la Fiscalía. La mayoría de estas propuestas fueron aprobadas de manera unánime, aunque surgieron discrepancias en algunos casos. Por ejemplo, la candidatura de María del Carmen Eiró para fiscal superior de Galicia fue cuestionada por la AF, que argumentó a favor de otro candidato.

Entre los nombramientos destacados están el de Íñigo Gorostiza como teniente fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias, y María del Carmen Barberán como fiscal jefa de la Fiscalía de Ávila, las tres plazas que contaron con más de un candidato. El resto de las propuestas ha incluido la renovación de quienes ya ocupaban esos cargos, junto con el nombramiento de María Cacho como fiscal adscrita al nuevo coordinador de Delitos Económicos.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, Cacho tiene más de una década de experiencia en la carrera fiscal y actualmente trabaja en la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona desde 2018. Antes de ingresar a la carrera, se especializó en materia mercantil y en delitos económicos, tanto a nivel nacional como internacional, lo que demuestra su preparación y competencia en esta área.