Desde Madrid, el 14 de febrero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha compartido noticias alentadoras sobre el compromiso del gobierno para proteger los derechos de la comunidad LGTBI+. En asociación con el Ministerio de Justicia, la ministra anunció que se están realizando esfuerzos para clasificar las denominadas "terapias de conversión" como un delito en la legislación española.

Redondo subrayó la importancia de este avance, indicando que el objetivo es incorporar medidas en el Código Penal que refrenden el respeto por la dignidad y la libre autodeterminación de todas las personas. En un video publicado por su ministerio, la ministra expresó su inquietud ante la proliferación de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual de los individuos, las cuales son ampliamente rechazadas por la comunidad científica y los defensores de los derechos humanos.

Para abordar esta problemática, Redondo informó que su ministerio está moviéndose en dos frentes. Primero, está en proceso de abrir un expediente sancionador en respuesta a la denuncia de que en siete diócesis se llevan a cabo estas controvertidas prácticas. Esta intervención está respaldada por una documentación clara y extensa sobre el tema.

En línea con esta estrategia, la ministra recordó que el artículo 17 de la Ley de Derechos de las Personas Trans y LGTBI+ otorga a su ministerio la autoridad para emprender acciones legales y potencialmente imponer sanciones económicas a quienes promuevan estas terapias discriminatoriales.

Redondo concluyó con un mensaje de esperanza, afirmando que pronto habrá noticias positivas para quienes han sido víctimas de estas prácticas inaceptables. Este compromiso renovado se produce en un contexto donde la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, conocida como 'No es terapia', ha denunciado situaciones alarmantes en las que se imparten cursos de conversión sexual en varias diócesis del país.

El Ministerio de Igualdad sigue trabajando en la elaboración de un informe que evalúe la posibilidad de modificar el Código Penal para que estas terapias queden claramente prohibidas. Esta iniciativa se puso en marcha tras un reciente encuentro entre Ana Redondo y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, lo que marca un paso significativo en la lucha contra la discriminación y el respeto a la diversidad.