La fiscalía ha tomado una decisión significativa en el caso de la trama Gürtel, optando por renunciar a la presentación de la mayoría de los testigos. En este momento, solo se mantendrán tres agentes del orden y se considerará un documento pericial clave para el desarrollo del juicio.

En la tercera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, José Ramón Blanco Balín, quien fue asesor fiscal de Francisco Correa, el principal acusado, reveló que Correa solía jactarse de no haber presentado declaraciones de la renta en España, incluso en presencia de Rodrigo Rato, antes de que este asumiera su cargo como ministro de Hacienda.

Durante su declaración, Blanco Balín admitió que le aconsejó en varias ocasiones a Correa que regularizara su situación tributaria, sugiriendo que presentara declaraciones adicionales correspondientes a años pasados. Sin embargo, Correa optó por no seguir esos consejos.

El acusado, en un intento de mitigar su condena, ha reafirmado un escrito en el que reconoce su complicidad en los delitos imputados y ha decidido renunciar a ejercer su derecho a la última palabra ante el tribunal.

Hasta ahora, 22 de los 25 acusados en el juicio han prestado declaración, y 20 de ellos han admitido su participación en el esquema de ocultación de fondos, junto a Correa y su socio Pablo Crespo.

El juez instructor, José de la Mata, ha estimado el monto defraudado en aproximadamente 24,8 millones de euros en concepto de IRPF, derivado de la percepción de comisiones por adjudicación de obras públicas y del fraude fiscal. La declaración de Crespo el martes pasado confirmó estos detalles.

El juez también ha destacado el papel de Blanco Balín como un actor fundamental en la estructura del fraude, señalando su experiencia en planificación fiscal y en la creación de sociedades opacas que facilitaban la evasión tributaria.

Jesús Calvo Soria, uno de los acusados que ha optado por no reconocer su implicación en la trama, argumentó ser simplemente un conocido de la esposa de Correa, lo que lo llevó a conocer al acusado. Cuando se le cuestionó sobre su vinculación con la empresa involucrada, Calvo Soria se mostró evasivo respecto a la naturaleza del dinero que manejaba Correa.

El acusado insistió en que no tenía forma de saber si los fondos de Correa eran legales, indicando que se encontraba frente a un empresario exitoso y cuestionando la capacidad de averiguar la legitimidad del dinero en cuestión. Ante la acusación, mantuvo su inocencia, a pesar de que se presentaron documentos con su firma, los cuales negó haber firmado, alegando cuestiones relacionadas con su experiencia pública.

La Audiencia Nacional se encuentra actualmente analizando la última pieza del caso Gürtel, que se centra en los posibles delitos contra la Hacienda Pública por parte de Correa y Crespo, relacionados con la ocultación de activos. Esta parte del juicio investiga también las estrategias que ambos habrían implementado para blanquear los ingresos provenientes de actividades ilícitas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado inicialmente una severa condena de 77 años para los principales implicados, Correa lideró un complejo entramado empresarial desde finales de 1998 hasta 2009, diseñado para enriquecerse de manera ilegal a expensas de fondos públicos.

En vista de las declaraciones de reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, la fiscalía ha decidido descartar a todos los testigos previamente propuestos, manteniendo únicamente la presencia de tres agentes y el documento pericial como evidencia en el juicio.

El magistrado Fernando Andreu, presidente del tribunal, también ha comunicado la necesidad de reorganizar el calendario judicial, lo que ha llevado a la suspensión de la sesión programada para este jueves.