En un contexto marcado por la alerta sobre la seguridad nacional, el Gobierno español ha confirmado la detención de ocho menores debido a su supuesta vinculación con actividades de terrorismo yihadista en el año 2025. Esta información ha sido proporcionada en medio de un debate creciente sobre la vigilancia en las fronteras del país, donde se afirma que se llevan a cabo controles rigurosos para evitar la entrada de posibles elementos peligrosos enviados desde zonas de conflicto.

La administración ha subrayado que uno de los enfoques clave de las operaciones de seguridad es la identificación de inmigrantes que podrían ser catalogados como combatientes terroristas extranjeros (FTF). Esta política, según el Gobierno, se centra especialmente en aquellos que provienen de regiones en crisis, y es parte de una estrategia más amplia de inteligencia relacionada con la migración y la colaboración con la Agencia Europea de Fronteras y Costas, Frontex.

La inquietud por la seguridad en las costas españolas ha llevado al Partido Popular (PP) a inquirir sobre las advertencias de Frontex respecto a la posible infiltración de delincuentes en embarcaciones procedentes de Argelia. Estas preocupaciones están especialmente centradas en los puertos y costas de Baleares y el sur de la Península, áreas críticas para la llegada de migrantes.

En respuesta, el Gobierno ha asegurado que las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue activo en los puntos de acceso habituales de las embarcaciones, a la vez que cultivan relaciones diplomáticas con los principales países de origen de los migrantes. Este enfoque busca asegurar que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir cualquier amenaza a la seguridad nacional.

En esta línea, se ha mencionado el Plan Operativo de la Operación Índalo, que se desarrolla en colaboración con Frontex y que implica la movilización de recursos de diversas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Ejecutivo ha destacado la importancia de las operaciones de vigilancia en las fronteras, así como de la coordinación con las Jefaturas Superiores de Policía y la Guardia Civil.

Además, el Gobierno ha resaltado la importancia de evaluar anualmente los recursos solicitados a Frontex en el marco de estas operaciones, abogando por ser pacientes y permitir que concluyan las actividades en curso, como la ‘Operación Canary Islands’ de 2025, que está actualmente en ejecución.

En lo que respecta a los menores detenidos, el Gobierno ha hecho hincapié en que solo puede ofrecer el número de casos y la referencia de expediente correspondiente, sin entrar en detalles más específicos sobre la situación de cada uno de ellos. Las preguntas dirigidas por Vox, que incluyen la nacionalidad y edad de los jóvenes, así como si alguno de ellos tiene padres extranjeros o llegó al país de forma ilegal, no han recibido respuesta detallada.