En Madrid, el 29 de septiembre, se intensifican las investigaciones en un caso de narcotráfico que involucra a un exalto mando de la policía nacional. Este lunes, el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional tomará declaración a dos individuos clave en la trama que, según se ha revelado, está ligada a Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid. Sánchez, quien es acusado de tener alrededor de 20 millones de euros ocultos en su residencia y oficina, es el centro de atención del caso.

Los investigados, Eduardo Montero y Javier Martín, han decidido presentarse voluntariamente ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 1, contribuyendo así al avance de la causa. Este movimiento se produce tras la revelación de que un agente policial vinculado a la investigación confesó haber realizado consultas a instancias de Montero, quien supuestamente ha mantenido una relación con él durante años. Sin embargo, el policía ha negado cualquier vínculo directo con la red de narcotráfico que se investiga.

El agente, bajo sospecha, argumentó que sus consultas sobre matrículas se realizaron como un favor personal para Montero, en relación a asuntos familiares. Afirmó que, al final, no pudo proporcionar la información solicitada, dado que no la encontró en los registros.

La pesquisa del juez abarca una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, donde se sugiere que el exjefe de la UDEF tendría un rol crucial. Esta indagación no solo examina la implicación de Sánchez, sino también el funcionamiento de diversas empresas que podrían estar ligadas a las actividades delictivas en cuestión.

El inicio de esta investigación se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras a finales de 2024. Este descubrimiento, el más grande registrado en España y el segundo en Europa, subraya la gravedad de la situación e intensifica la presión sobre las autoridades para esclarecer todos los vínculos que puedan existir entre la corrupción policial y el narcotráfico.

Se sospecha que Sánchez, en su rol como encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales, alteraba la información en las bases de datos de la policía sobre contenedores y empresas involucradas. A cambio de pagos de narcotraficantes, este mecanismo le permitía detectar si alguna de estas empresas estaba bajo investigación, brindando la oportunidad a los líderes criminales de eludir la justicia anticipándose a las acciones policiales.