Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela la interpolación de relaciones personales y políticas en una serie de contratos en Ineco, empresa pública vinculada a Adif. Según investigadores, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, usó su conexión con el político para presionar a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a contratar a JRG, expareja de Ábalos.

Los detalles de esta intrincada red de influencias se recogen en un mensaje enviado por García a Pardo de Vera el 11 de febrero de 2019. En dicho texto, se evidencia una clara coacción a favor de JRG, con una frase alarmante que sugiere que es vital para él que la contratación avance, o de lo contrario las consecuencias serían severas para su propia integridad. La UCO considera que estos intercambios demuestran la vinculación entre García, Pardo de Vera y Ábalos, destacando la posición de poder que ocupaban en ese momento.

La UCO señala que García intentó utilizar la autoridad del exministro como un respaldo para sus requerimientos. Al recibir el mensaje, Pardo de Vera, que no conocía a ‘la chica’ mencionada, se vio forzada a solicitar más información en forma escrita. Este acto pone de relieve las complejidades de la burocracia pública, donde las conexiones personales pueden desempeñar un papel crucial en los procedimientos de contratación.

Además, el informe indica que, varios días después de ese primer contacto, García siguió indagando sobre el estado del contrato de JRG. Pardo de Vera le confirmó que ya se estaba gestionando, pero el proceso no era tan sencillo como parecía. Esto ilustra cómo los niveles de comunicación y seguimiento pueden verse alterados por presiones externas derivadas de relaciones personales.

Posteriormente, García compartió con la presidenta que JRG había sido contactada por Ineco, aunque la joven expresó su sorpresa al enterarse que la llamada era para una entrevista, sugiriendo que había existido una expectativa de que el proceso sería más directo y sin complicaciones, lo que refleja la tensión entre la formalidad administrativa y las influencias informales.

Los tiempos de esta secuencia de eventos se vuelven especialmente reveladores cuando García se encarga de los trámites en nombre de JRG, afirmando tener el control del proceso. Mensajes posteriores revelan que él había instruido a JRG para que no acudiera a su lugar de trabajo, tratando así de facilitar su ingreso en Ineco sin seguir el procedimiento habitual que debería haberse respetado.

La trama continuó desarrollándose cuando JRG expresó una creciente frustración ante la falta de resolución sobre su situación laboral. En un intercambio de mensajes, sugirió que Ábalos pudiera intervenir directamente para acelerar el proceso. Esto pone de manifiesto una mentalidad dependiente de la influencia política como recurso para resolver obstáculos administrativos en el ámbito laboral.

En los días siguientes, se hicieron modificaciones en los horarios y condiciones del encuentro para la contratación, lo que enfatiza cómo las interacciones entre García y Pardo de Vera eran seguidas de cerca por JRG. Aunque el proceso parecía avanzar, nunca llegó a efectuarse en la fecha programada, lo que añade más capas de complejidad al caso.

El informe también revela que, al poco tiempo, la armonía entre los actores principales se vio fracturada por la realidad del mercado laboral, cuando García y Pardo de Vera debatieron sobre las posibilidades de la renovación del contrato de JRG. En medio de la incertidumbre, se sugirió una prolongación en otra empresa pública, Tragsatec, lo que refleja la precariedad en la que vivían los trabajadores en ese entorno.

Finalmente, surge la preocupación sobre el compromiso de JRG con su labor, ya que las investigaciones sugieren que pudo estar ausente de su trabajo en Ineco a pesar de estar oficialmente contratada. García, presuntamente, había gestionado esta falta de presencia de modo que ella continuara figurando como trabajadora, lo que apunta a un manejo poco transparente de la contratación pública.

El escándalo se profundiza cuando las averiguaciones revelan posibles vínculos económicos entre el exministro Ábalos y ciertos empresarios, sugiriendo que el pago del alquiler de la vivienda de JRG podría constituir una forma de “contraprestación”. Esta línea de investigación representa un cuestionamiento serio sobre la ética en la política y administración pública en España, que a la luz de estos acontecimientos exige una revisión crítica de los lazos entre el poder político y los intereses económicos.