En un contexto político en transformación, la izquierda en Portugal ha lanzado una advertencia crucial sobre el eventual desmantelamiento de sistemas fundamentales como la educación y la salud, ante las nuevas ambiciones de los partidos conservadores.

Este panorama surge tras las recientes elecciones, que, marcadas por una frecuencia inusitada, han permitido a los partidos de la derecha alcanzar una mayoría significativa en la Asamblea. Por primera vez, logran contar con dos tercios de los asientos, lo que les otorga el poder de proponer modificaciones a la Constitución sin el respaldo del Partido Socialista, una fuerza con una larga trayectoria en la defensa de los valores democráticos en el país.

La Iniciativa Liberal (IL) ha sido la primera en proponer cambios en la Constitución, señalando la necesidad de adaptarla a las exigencias contemporáneas. Su líder, Rui Rocha, ha manifestado su intención de reescribir elementos que consideran obsoletos y que, según ellos, impiden un desarrollo económico más dinámico mediante una reducción de la intervención estatal.

Los liberales abogan por una revisión que elimine vestigios de un pasado socialista, incluyendo la idea en su preámbulo de avanzar hacia una “sociedad socialista”. Por este motivo, la ultraderecha también se une a este esfuerzo, sugiriendo una "depuración ideológica" de la Constitución, buscando transitar un camino que desafía las bases democráticas históricas.

Críticos de este enfoque argumentan que tras la fachada de modernidad, se ocultan intenciones de privatizar servicios esenciales como la salud y la educación. La Iniciativa Liberal busca sustituir el sistema actual por uno mixto, lo que podría socavar el acceso equitativo que caracteriza al modelo universal vigente.

Además, se propone aumentar la autonomía de las regiones, en particular, de las islas de Madeira y Azores, y reformas profundas en el ámbito electoral y de justicia. Esto incluiría medidas como el reconocimiento de la propiedad privada como un derecho fundamental y la eliminación de exenciones fiscales para partidos políticos.

Por su parte, el partido Chega ha manifestado su propio interés por reformar el sistema político, sugiriendo eliminar la inmunidad parlamentaria y promover una mayor inhabilitación para los diputados. Esta postura revela una tendencia hacia un cambio radical que podría tener implicaciones severas para la estructura de gobernanza en el país.

El líder de Livre, Rui Tavares, ha criticado abiertamente estas maniobras, advirtiendo que las intenciones de la Iniciativa Liberal y Chega podrían representar un retroceso significativo en derechos fundamentales, incluyendo la posibilidad de introducir penas de cadena perpetua. Tavares espera que el primer ministro conservador, Luís Montenegro, no aproveche esta legislatura para avanzar en estas agenda sin tener en cuenta la oposición.

Sin embargo, dentro del Partido Socialdemócrata (PSD), que apoya a Montenegro, hay voces preocupadas que advierten del peligro de actuar sin un consenso amplio que incluya al Partido Socialista. Este partido ha sido un pilar en la política portuguesa, y la falta de su participación en reformas de esta magnitud podría llevar a un debilitamiento de la democracia en el país.

La Constitución, que ya ha sido revisada en siete ocasiones desde su aprobación en 1976, se enfrenta a una encrucijada crítica. Cualquier modificación debe ser considerada con cautela, ya que implica no solo un cambio en las leyes, sino también en la estructura fundamental de la sociedad portuguesa y su compromiso con la igualdad y la justicia social.