En un contexto donde la movilidad sostenible se ha convertido en un tema central del debate social y político, la Fundación RACE ha levantado la voz en Madrid, denunciando el enfoque "desequilibrado" que presenta la Ley de Movilidad Sostenible. Según la organización, esta legislación penaliza el uso de vehículos privados y otorga privilegios a otros modos de transporte, creando una brecha en derechos y obligaciones.

La Fundación RACE enfatiza que la movilidad debe ser un derecho ejercido de manera segura e igualitaria, sin desestimar a aquellos que dependen de su automóvil para cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares. En un comunicado difundido este viernes, aboga por una visión de la movilidad que no excluya a aquellos que utilizan el coche como medio esencial de transporte.

En su análisis, RACE critica la narrativa que presenta al automóvil únicamente como una fuente de emisiones, obviando su papel crucial en la cohesión territorial y en el acceso al empleo, especialmente en áreas donde el transporte público es limitado o inexistente. Esta visión, argumentan, fomenta un enfoque asimétrico que favorece a ciertos modos de transporte sin exigirles las mismas responsabilidades que se imponen a los conductores particulares.

La Fundación sostiene que la creación de tasas por circulación basadas en etiquetas ambientales y el impulso de estrategias a favor de la bicicleta y otros modos de movilidad activa podrían perpetuar este modelo desigual. A su juicio, esta legislación añade cargas a los automovilistas, al tiempo que brinda incentivos a otros tipos de transporte que no enfrentan las mismas exigencias.

Defendiendo una movilidad justa y sostenible, RACE aboga por una consideración equilibrada que reconozca tanto los derechos como los deberes de todos los usuarios de la vía. Según la organización, la transición hacia un sistema de transporte más descarbonizado no debe menospreciar al automóvil, sino que debe enfocarse en su modernización y digitalización como parte integral del sistema de movilidad nacional.

A pesar de su crítica, la Fundación RACE ha reconocido ciertos avances en el proyecto de ley, especialmente en relación con la seguridad vial, y ha identificado la inclusión de los Planes de Movilidad Sostenible como un paso favorable hacia una regulación global que promueva prácticas más seguras al conducir.

Estos planes permiten a las empresas implementar estrategias que disminuyan la siniestralidad entre sus empleados durante sus desplazamientos laborales, abordando este reto a través de la formación en movilidad y seguridad, sin limitarse exclusivamente a lo que dictan los Planes de Prevención de Riesgos Laborales.

Dado que los desplazamientos laborales son una de las principales causas de accidentes en España, la Fundación ha subrayado la necesidad de establecer criterios técnicos claros y proporcionar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas para que implementen efectivamente estos planes priorizando la seguridad.

En relación con el envejecido parque automovilístico español, que actualmente tiene una media de edad superior a los 14,5 años, RACE ha celebrado la intención de modernizar el sector automotor para reducir emisiones y mejorar la seguridad. Sin embargo, advierte que el proyecto de ley carece de incentivos claros y plazos concretos, lo que limita su potencial impacto hasta que se desarrolle la normativa correspondiente.

La Fundación RACE aclara que el envejecimiento del parque vehicular es uno de los mayores peligros para la seguridad vial y un obstáculo real en la lucha por la descarbonización. Por ello, exigen que el futuro reglamento se desarrolle con prontitud e incluya planes efectivas de renovación, junto con incentivos fiscales y reducciones de impuestos en seguridad y mantenimiento, lo que facilitaría el acceso de los ciudadanos y empresas a vehículos más seguros y eficientes.

Finalmente, RACE ha expresado su descontento con la falta de inclusión en el texto final de su propuesta para permitir que los vehículos de auxilio y asistencia en carretera accedan a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) mientras estén en funcionamiento, lo cual consideran esencial para mejorar la eficacia del servicio en estas áreas restrigidas.