En un giro reciente de los acontecimientos que sacuden al PSOE navarro, Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, ha admitido haber trabajado en Servinabar, una empresa bajo investigación en el marco del 'caso Koldo', ligado a diversas adjudicaciones de obras públicas. Esta revelación trascendió después de que se hiciera pública la información de que Cerdán recibió 22.200,84 euros por sus servicios durante su tiempo en la empresa.

De acuerdo con fuentes allegadas, Belén Cerdán prestó sus funciones como administrativa en Servinabar desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, durante el cual percibió un salario mensual de 2.000 euros netos. Posteriormente, continuó en la empresa, esta vez en la asesoría que gestionaba las cuentas, manteniendo el mismo salario y responsabilidades.

Se alega que durante ese período, Cerdán trabajó como autónoma, antes de volver a ser contratada como empleada por cuenta ajena. Esta situación ha generado preguntas sobre la gestión y la estructura laboral de Servinabar, especialmente en un contexto de investigaciones sobre la legalidad de sus operaciones.

La información sobre el pago de 22.200,84 euros a Belén Cerdán se desprende de documentos de la Hacienda Foral de Navarra, a los cuales ha tenido acceso esta agencia. Esa documentación ya se encuentra en manos del juez Leopoldo Puente, quien está realizando la investigación. Se ha solicitado información tributaria relacionada no sólo con Cerdán, sino también con su hermano Santos, Servinabar 2000 y Joseba Antxón Alonso, el administrador de la empresa.

En un relato adicional de estos sucesos, el PSN anunció que Belén Cerdán decidió renunciar a su afiliación al partido tras la detención de su hermano, en cumplimiento con las normas internas de la formación. El PSN emitió un comunicado donde se indicó que Cerdán, consciente de sus responsabilidades, optó por no continuar representando al partido en el Ayuntamiento de Milagro.

Además, se ha descubierto que Belén y Alonso compartieron vivienda en Madrid, lo que fue mencionado en testimonios previos. Un audio filtrado durante el proceso judicial recoge las quejas de Koldo García, exasesor de ministerio, quien acusaba a ambos de despilfarrar dinero en fiestas.

Un registro realizado por la Guardia Civil reveló un contrato de compraventa que indicaba que Cerdán adquirió un 45% de las acciones de Servinabar por 6.000 euros, una empresa que recibió contratos del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros. Este contrato ha sido objeto de análisis en el contexto de la investigación en curso.

Joseba Antxón Alonso, en su declaración ante el Tribunal Supremo, intentó desvincular a Cerdán de ese contrato, asegurando que se trataba de un borrador que nunca se formalizó. Dijo que se había elaborado en 2015, cuando Cerdán contempló retirarse de la política debido a los malos resultados del PSOE en Navarra, pero finalmente decidió continuar su carrera política.

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado que Servinabar fue creada con el objetivo de beneficiarse de obras públicas, en particular la de Mina Muga, y subrayó que su implicación en uniones temporales de empresas con Acciona no muestra contribuciones concretas por parte de la empresa.

Los documentos enviados al instructor de la causa incluyen un índice de las actividades notariales de Servinabar, donde se destaca que Alonso fue el representante único de la empresa en la constitución de la unión con Acciona para proyectos que les fueron adjudicados.

Entre estas obras se encuentran importantes proyectos como la adecuación del Navarra Arena y la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra. En su defensa, Alonso argumentó que la asociación con Acciona era una práctica habitual que permite a las empresas locales competir en licitaciones en regiones como Navarra y el País Vasco, subrayando que todos estos trabajos han pasado por auditorías.

En el mismo contexto, Fernando Merino, quien fue delegado de Acciona en Navarra, también testificó y desmintió acusaciones de sobornos relacionados con obras públicas. En su declaración, Merino explicó que la colaboración con empresas locales era crucial para las grandes compañías que buscaban llevar a cabo proyectos en esas comunidades, considerándolo un requisito indispensable para operar en la región.