La juventud demanda centros de acogida para menores en el centro, con capacidad para diez y personal suficiente.
El próximo viernes, Sira Rego, titular del Ministerio de Juventud e Infancia, llevará a la Comisión Sectorial de Infancia el nuevo Real Decreto que aborda la acogida de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. Esta iniciativa busca establecer un marco regulador que priorice la protección y el respeto de los derechos de los menores en todo el país.
El proyecto establece que los centros de acogida deberán estar situados en áreas céntricas, limitando su capacidad a un máximo de diez plazas para fomentar un ambiente más familiar y menos institucional. Además, cada centro deberá contar con, al menos, dos trabajadores por turno para garantizar una atención adecuada a los menores.
Las autoridades han indicado que esta normativa introduce estándares mínimos necesarios para asegurar el bienestar de los menores en acogida. Según fuentes del Ministerio, se propone que haya al menos una plaza residencial por cada 2.250 habitantes, y se dará preferencia a la ubicación de estos centros en zonas saludables con accesibilidad a servicios comunitarios, educativos y de salud.
El decreto también estipula que las instalaciones deben ser cómodas y propicias para el desarrollo de los menores. Con ello, se espera que cada dormitorio cuente con un máximo de dos camas individuales y suficientes espacios para actividades recreativas y de estudio.
En términos de personal, se requiere que los directores de los centros tengan formación específica en intervención social o psicoeducativa. Cada centro debe contar con un educador social para cada cuatro menores, así como un especialista en psicología con un enfoque en derechos infantiles.
También se contemplan ratios de personal que aseguren una adecuada atención: incluso con menos de cuatro menores, debe haber un mínimo de dos trabajadores en cada turno. En situaciones donde la especialización del centro lo justifique, se mantendrán ratios de atención adaptadas, siempre garantizando una adecuada supervisión.
Este decreto obligará a las entidades competentes a realizar inspecciones periódicas y a informar al Ministerio sobre los resultados de estas evaluaciones. Esta medida busca aumentar la transparencia y la calidad en la prestación de servicios para menores.
Además, se enfatiza la importancia de proporcionar a los niños y adolescentes una alimentación saludable y suficiente, así como los recursos necesarios para cubrir sus necesidades personales. La escolarización y la formación también son aspectos clave, promoviendo la educación sobre el uso responsable de las tecnologías y la prevención de adicciones, entre otros temas.
El objetivo del Ministerio es implementar un modelo de cuidados que se asemeje a un hogar, priorizando la acogida familiar sobre el residencial cuando sea en beneficio del menor. Este enfoque forma parte de la estrategia estatal 'Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad', que busca una desinstitucionalización efectiva y la creación de espacios más humanos y acogedores para los menores en situación de vulnerabilidad.
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