La ley de amnistía busca calmar tensiones en la política, sociedad e instituciones.
La proposición de ley del PSOE y sus socios para amnistiar al independentismo catalán contiene una exposición de motivos donde justifica que es una medida necesaria para acabar con "la tensión, política, social e institucional" y garantizar la convivencia a "futuro", al tiempo que defiende que se trata de un "mecanismo constitucional", además de un paso "valiente y reconciliador", según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
Según esta proposición de ley, se busca resolver todos los actos que generaron una tensión política, social e institucional en Cataluña, basándose en las facultades otorgadas por la Constitución a las Cortes Generales.
La proposición de ley considera que el origen del "conflicto político" se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y abarca todo lo ocurrido desde entonces, incluyendo la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O.
Se argumenta que estos hechos provocaron una tensión institucional, desencadenando la intervención judicial y generando una desafección hacia las instituciones estatales por parte de una parte de la sociedad catalana que aún persiste y se reaviva recurrentemente con las consecuencias legales, especialmente penales.
La iniciativa de la amnistía recae en el Congreso y el Senado debido a que las Cortes Generales han tenido un papel importante en la configuración de la respuesta popular al proceso independentista. La ley reafirma la competencia y legitimidad de las Cortes Generales para evaluar la situación política y promover soluciones en beneficio del interés general.
La proposición de ley destaca que busca reforzar el Estado de Derecho y garantizar la convivencia futura al amparo de un mecanismo constitucional, más de diez años después de iniciado el proceso independentista y luego de superar los momentos más críticos de la crisis.
Se subraya que, al asumir esta decisión política, las Cortes Generales no invaden otros espacios, sino que, en uso de sus competencias, optan por la mejor vía para abordar un conflicto político desde la política misma.
Los firmantes de la ley consideran que esta medida constituye un paso valiente y reconciliador, demostrando respeto hacia la ciudadanía y reconociendo que la aplicación de la legalidad, aunque necesaria, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo.
En conclusión, esta amnistía representa una decisión política basada en el principio de justicia y en la comprensión de que los instrumentos del Estado de Derecho no deben ser inamovibles, sino que deben adaptarse a cada contexto, ya que el Derecho está al servicio de la sociedad y no al contrario.