El 5 de mayo en Madrid, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha emitido un informe sobre las recientes elecciones presidenciales en Rumanía, señalando que, aunque se respetaron los derechos de los votantes, existe una urgente necesidad de incrementar la "transparencia jurídica" para garantizar tanto la confianza en el proceso electoral como la claridad para los propios candidatos. Además, se hace hincapié en la importancia de un mayor control sobre las campañas en el entorno digital.

La OSCE ha denunciado una "conducta fraudulenta generalizada" en línea entre los candidatos, además de criticar el enfoque fragmentado de las autoridades al supervisar el ámbito digital y la opacidad en la toma de decisiones, factores que han perjudicado el normal desarrollo de los comicios. En sus declaraciones, la organización ha manifestado que, a pesar de contar con un marco legal que, en teoría, debería garantizar elecciones democráticas, este se presenta como "excesivamente complejo" y arrastra "inconsistencias" que no han sido corregidas a pesar de los intentos de reforma del Gobierno tras la anulación de las elecciones de 2024.

En este contexto, la OSCE ha observado que, aunque ha habido algunas iniciativas por parte de las autoridades que apuntan hacia una mayor transparencia, aspectos cruciales como el monitoreo de la publicidad política en internet y la financiación de las campañas siguen sin una regulación adecuada. Lucie Potucková, coordinadora especial y jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, resalta que, aunque los derechos de los votantes fueron respetados y la logística de las elecciones fue eficaz, se requiere una mayor transparencia y protección jurídica tanto para los electores como para los aspirantes a la presidencia.

La campaña electoral tuvo un fuerte componente digital, lo que complicó el seguimiento de posibles irregularidades. Este "comportamiento fraudulento" de los candidatos ha sido un problema que, lamentablemente, ni las autoridades ni las plataformas digitales han podido gestionar de manera efectiva. Eoghan Murphy, jefe de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, ha señalado que la falta de información sobre las acciones de las autoridades en el ámbito digital impidió que el público estuviera bien informado sobre las medidas estatales diseñadas para mejorar la integridad electoral.

Es fundamental recordar que estas elecciones se llevan a cabo tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las presidenciales de 2024 debido a irregularidades en la financiación de la campaña del candidato ganador, Calin Georgescu, así como a problemas en las leyes relacionadas con las redes sociales. La OSCE observa que el panorama mediático de Rumanía, aunque diverso y con una amplia gama de emisoras y portales digitales, ha visto menoscabado su pluralismo por la opaca financiación de los partidos políticos, lo que ha dado lugar a situaciones de "autocensura y clientelismo" entre la política y los medios.

En medio de la crisis política más severa en décadas, los rumanos acudieron a las urnas el pasado domingo. La situación se intensificó cuando el Tribunal Constitucional decidió cancelar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Georgescu había sorprendido al país ganando en la primera vuelta. Acusado de recibir apoyo de Rusia, se encontró excluido de esta repetición electoral, la que finalmente marcó el resurgimiento de un conocido líder de la ultraderecha, George Simion, quien logró casi el 41 por ciento de los votos en esta primera ronda.

Simion se enfrentará en la segunda vuelta al alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, un candidato independiente que probablemente obtenga el respaldo de otros partidos que abogan por mantener el rumbo y los principios europeos de la nación.