El 13 de diciembre en Madrid, la Asociación Liberum ha elevado una grave queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la reciente decisión del Tribunal Supremo que ha excluido a las acusaciones populares del 'caso Koldo' de participar en las comparecencias de investigados y testigos. Esta medida se hizo evidente este jueves con la declaración voluntaria del exministro José Luis Ábalos, que tuvo lugar sin la presencia de estos representantes legales.

En un documento elaborado por su abogado, Alexis Aneas, al que ha tenido acceso Europa Press, Liberum argumenta que el CGPJ tiene la responsabilidad de "revisar e intervenir" en los procedimientos llevados a cabo por el Supremo, señalando que las decisiones adoptadas están obstaculizando la defensa y el pleno ejercicio de la abogacía.

Además, el escrito destaca que no solo se ha restringido la presencia de las acusaciones populares en las declaraciones, sino que éstas tampoco recibirán las notificaciones que el instructor emita, con la única excepción del Partido Popular (PP), que ha quedado a cargo de la dirección de estas notificaciones tras ser la primera acusación en personarse en este caso.

La resolución del alto tribunal, según informa Liberum, fue tomada el 11 de diciembre, cuando se decidió unificar la representación de las acusaciones populares en la causa y asignarla al PP, generando así un contexto que limita gravemente la capacidad de actuación de otras acusaciones involucradas.

Aneas relata que el mismo día de la declaración de Ábalos se presentó en el Supremo con la intención de asistir, solo para que se le notificara una vez dentro de la sala que su nombre no figuraba en la lista de acceso. Tras varios minutos, el personal de seguridad del tribunal lo condujo, junto con otros representantes de Liberum, ante el magistrado Leopoldo Puente, quien les comunicó que las otras acusaciones populares no podrían estar presentes durante dicha declaración ni en futuras, ni siquiera de manera remota.

Asimismo, se les informó que no recibirían las notificaciones relevantes relacionadas con el procedimiento judicial. Ante esta situación, Liberum expresó su desacuerdo con la restricción impuesta, señalando que estas prohibiciones no estaban justificadas ni fundamentadas en ninguna norma procesal establecida.

El abogado Aneas advirtió que la imposibilidad de asistir a las declaraciones impide la capacidad de conocer en tiempo real lo que se expresa durante dichos actos, argumentando que la grabación de las declaraciones no puede mitigar esta desigualdad, ya que cualquier información recibida de esta manera llegaría siempre con un retraso significativo.

Destacó que la falta de presencia también compromete la interpretación de las manifestaciones de los investigados y testigos, ya que depender de la interpretación subjetiva de un letrado es insuficiente. Esta situación se hizo aún más evidente el 12 de diciembre durante la declaración de Ábalos, cuando Liberum no recibió información precisa sobre lo que se había discutido, impidiendo así el ejercicio efectivo de sus funciones.

Aneas concluye que este panorama pone de manifiesto la palpable desigualdad entre las distintas representaciones procesales, lo que a su vez afecta de manera significativa la garantía de tutela judicial efectiva que debería ser garantizada en estos procesos legales.