En un reciente intercambio en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, dejó claro su compromiso con los principios de mérito y capacidad en la Función Pública. En respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Podemos, Noemí Santana, el ministro enfatizó que la automatización de la conversión de interinos en empleados fijos representaría un gran paso en falso que podría llevar al derrumbamiento de la Ley de Función Pública.

López argumentó que afrontar la temporalidad en el empleo público no es una tarea sencilla y requiere el consenso de todos los grupos parlamentarios, así como de las comunidades autónomas, donde la situación es especialmente crítica, alcanzando cifras de temporalidad del 40,3%. Esta cifra contrasta con el 4,7% de la Administración General del Estado, que ya está por debajo del umbral del 8% establecido por la Unión Europea. En las administraciones locales, la temporalidad se sitúa en el 35,88%.

El ministro instó a los legisladores a unirse en torno a un objetivo común: apoyar el proyecto de Ley de Función Pública, que actualmente está bajo debate en el Parlamento, y que incluye medidas concretas para mitigar la alta temporalidad en el sector público.

Por su parte, Noemí Santana no tardó en dejar claro que su partido no apoyará la ley si no se maneja una solución efectiva para la situación de los interinos, quien recordó que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había indicado que las administraciones debían actuar ante el abuso de la temporalidad. Esta interpretación, sin embargo, fue contestada por López, quien defendió que el camino no implica simplemente convertir a los temporales en fijos sin más.

El ministro aseguró que el abogado del TJUE no propuso una solución tan sencilla y que, en cambio, el reconocimiento de que existen oposiciones en España y que la legislación nacional no permite convertir automáticamente un contrato temporal en indefinido es crucial para entender la complejidad del problema.

A pesar de las diferencias, López y Santana coincidieron en el deseo de reducir la temporalidad. Sin embargo, el ministro enfatizó que la solución no puede comprometer la Constitución. "Es fundamental que este Parlamento adopte medidas efectivas que nos acercarán a una solución", subrayó, lamentando que el debate sobre la estabilidad de miles de trabajadores esté siendo utilizado como un arma política.

El proyecto de Ley de Función Pública busca, entre otras cosas, limitar la creación de nuevas bolsas de interinidad y establecer un sistema de control más riguroso. López concluyó con un fuerte llamado a la unidad: "Es un momento crucial y quien no apoye esta ley estará contribuyendo al problema, no a su solución", afirmó.

El ministro se mostró especialmente frustrado ante la posibilidad de que una ley destinada a enfrentar la temporalidad sea rechazada, destacando la necesidad de un esfuerzo conjunto: "Cualquier legislador que decida no colaborar tendrá que responder ante los interinos", advirtió. López también planteó que el fenómeno de la temporalidad ha sido exacerbado por años de políticas de recortes, especialmente durante las administraciones del Partido Popular.

Al referirse a los acuerdos alcanzados en 2021 que surgieron bajo el gobierno de coalición y que llevaron a la creación de medidas para abordar la temporalidad, López recordó que se había logrado estabilizar a 377.000 empleados públicos, un avance sin precedentes en la historia reciente.

A pesar de esto, Santana argumentó que la ley de 2021 no está funcionando correctamente y que ha resultado ser un simple "parche" ante las presiones de la UE. "La ley solo ha abordado las consecuencias, no las causas", concluyó, denunciando que el problema persiste con más de un 32% de temporalidad en el sector público, lo que ha resultado en la cesación injusta de miles de trabajadores sin alternativas adecuadas.