En Madrid, a 30 de diciembre de 2025, se ha confirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se prorrogarán automáticamente por tercera vez este 1 de enero. Esta extensión se produce mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para presentar y aprobar nuevas cuentas para el año 2026 en la primera parte del próximo año.

Durante la última reunión del Consejo de Ministros de 2025, se tomó la decisión de establecer los criterios pertinentes para la aplicación de esta prórroga, que se basará en el marco presupuestario vigente de 2023, dado que no se han introducido cambios en los años precedentes de 2024 y 2025 con respecto a las cuentas públicas.

Esta prórroga queda en línea con lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución Española, que plantea que, si no se aprueba una nueva Ley de Presupuestos a partir del 1 de enero, las cuentas del ejercicio anterior se prorrogarán automáticamente. De esta manera, el 1 de enero de 2026 entrarán en vigor nuevamente los PGE de 2023.

Con este acontecimiento, se marca la undécima ocasión en la que se produce una prórroga presupuestaria desde la restauración de la democracia en España, sumándose a las que ya se han dado en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, y en dos ocasiones en 2018.

El actual contexto político, caracterizado por una notable fragmentación en el Parlamento, se complica aún más tras la ruptura oficial de Junts, lo cual exige al Gobierno un esfuerzo considerable para lograr los apoyos necesarios que permitan el nacimiento de esas nuevas cuentas públicas en el país.

Por otro lado, el Ejecutivo ya ha definido el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', para el Presupuesto del Estado de 2026, que alcanzará una cifra histórica de 216.177 millones. También se ha delineado la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, a pesar del rechazo previo en el Congreso.

Como la proyección de déficit fue declinada por la Cámara Baja, se deberán seguir las pautas establecidas en el plan fiscal estructural que se remitió a Bruselas el año anterior, lo que restringe las posibilidades de gasto para las comunidades autónomas y otorga mayor libertad a la Administración Central.

En cuanto a las metas de déficit, el Gobierno ha proyectado que el conjunto de las administraciones públicas pasará del 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Mientras que, para el endeudamiento público, se ha establecido un objetivo del 100,9% del PIB para 2026, del 100% en 2027 y del 99,1% en 2028.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha anticipado que los Presupuestos de 2026 se presentarán como "expansivos y responsables", con un énfasis en que sean percibidos como una "necesidad" para los hogares españoles por la mayoría de las fuerzas políticas.

Esta visión se apoya en un contexto macroeconómico "sólido", tras el notable crecimiento de la economía española que se ha observado en 2025. Las previsiones del Gobierno proyectan un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,9% para 2025 y del 2,2% para 2026. Para 2027 y 2028, se estima un crecimiento más moderado, del 2,1% para ambos años.

En términos de empleo, las proyecciones del Gobierno indican que la tasa de desempleo disminuirá al 10,5% en 2025, mejorando en ocho décimas respecto a 2024. Se espera que continúe su descenso hasta el 9,9% en 2026, el 9,5% en 2027 y el 9% en 2028, alcanzando así niveles que recuerdan a los anteriores a la crisis financiera.