Un empresario ha decidido llevar a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ante la justicia debido a unas declaraciones que esta hizo en su contra, lo que ha abierto un nuevo capítulo en el sonado 'caso Koldo'.

El pasado miércoles, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Madrid celebró un acto de conciliación en el que debía comparecer tanto Montero como el empresario, Víctor de Aldama. Sin embargo, la vicepresidenta y su abogado no se presentaron, lo que dejó sin efecto la reunión judicial.

La controversia comenzó en marzo, cuando De Aldama, quien está siendo investigado por su vinculación con un presunto fraude fiscal, demandó a Montero por un total de 250.000 euros. En su demanda, el empresario solicitaba una retractación pública por lo que consideró declaraciones "injuriosas" emitidas durante una entrevista en el programa 'Lo de Évole'.

De Aldama había advertido que, si no se alcanzaba un acuerdo en la conciliación, interpondría una querella contra la ministra por injurias. En su demanda, sostenía que Montero lo había descalificado al llamarlo “presunto delincuente”, a pesar de que agregó la palabra “presunto” de manera irónica.

El empresario también recriminó a la vicepresidenta su afirmación de que estaba segura de que él volvería a prisión. Esta declaración resulta especialmente problemática, opina De Aldama, ya que se produce en un contexto donde la propia Hacienda está involucrada, dado que el caso original surge de una investigación de la Agencia Tributaria.

El 'caso Koldo' sigue bajo la lupa del juez Santiago Pedraz, quien investiga un posible fraude de IVA relacionado con hidrocarburos, en el que De Aldama es considerado el principal implicado. El empresario fue arrestado el pasado octubre y liberado en noviembre tras su declaración, en el marco de otro proceso que investiga la adjudicación de contratos de material sanitario y obras públicas.

De Aldama argumenta que las palabras de Montero no solo son inapropiadas, sino que constituyen una violación de sus deberes institucionales, subrayando la necesidad de que un alto cargo del Estado respete el principio de presunción de inocencia. Recalca que al expresarse de esta forma, se generan claros prejuicios en la opinión pública sobre su culpabilidad.

En la argumentación presentada por su abogado, José Antonio Choclán, se cita un precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que enfatiza que cualquier vulneración de la presunción de inocencia por parte de instituciones públicas puede afectar gravemente a la honra y reputación de la persona en cuestión.