Marlaska informará esta semana a la Comisión de Secretos del Congreso sobre los gastos confidenciales del Ministerio del Interior.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se presentará este martes ante la Comisión de Gastos Reservados para detallar, en una sesión a puerta cerrada, el manejo de los fondos secretos de su cartera. Esta intervención es notable, ya que han transcurrido casi tres años desde que el Gobierno ofreciera una rendición de cuentas al respecto en el Congreso.
De acuerdo con la normativa vigente, la llamada Comisión de Secretos debe supervisar cómo se utilizan los gastos reservados por parte de los ministerios en cuestión: Interior, Exteriores, Defensa y el CNI. Cada uno de sus titulares debería presentar un informe cada seis meses, pero esta obligación ha sido ignorada, puesto que la última vez que se brindaron informes sobre estos gastos fue a finales de 2022. Grande-Marlaska compareció el 8 de noviembre de ese año y Margarita Robles, de Defensa, lo hizo el 16 de diciembre, mientras que José Manuel Albares, el titular de Exteriores, aún no ha informado.
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de estos ministros, y está ya programada la del titular de Interior para el martes 28 de octubre a las 13:00 horas, tras su propio requerimiento para informar sobre esta cuestión.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que siguen prorrogándose, destinan 27,86 millones de euros a gastos reservados: 19,8 millones para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 500.000 euros para Defensa, 7,37 millones para Interior y 186.310 euros para Exteriores.
Dicha comisión también tiene la responsabilidad de controlar las actividades del CNI, y hay varias solicitudes de comparecencia que siguen sin respuesta, a pesar de que han pasado meses e, incluso, años. Por ejemplo, el PP pide que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezca para explicar la aparición y posterior huida de Carles Puigdemont en el verano de 2023, así como su firma en documentos de varias agencias de inteligencia internacionales sobre ciberataques relacionados con China.
Desde Sumar, se ha demandado la comparecencia de la directora del CNI para esclarecer la alegación de uso de fondos públicos para encubrir supuestas relaciones del rey Juan Carlos. Mientras tanto, Esquerra Republicana también ha solicitado que la ministra Robles y la directora del CNI aclaren la conexión de los servicios de inteligencia con el imán de Ripoll, señalado como el instigador de los atentados yihadistas en Cataluña en 2017.
Hasta ahora, durante la actual legislatura, la única reunión de la Comisión de Gastos Reservados tuvo lugar en junio, cuando la vicepresidenta Sara Aagesen explicó a puerta cerrada las causas del apagón de finales de abril.
La composición de esta comisión está formada por un representante de cada grupo parlamentario (generalmente un portavoz), quienes requieren autorización del Pleno del Congreso para acceder a temas considerados secretos. Los miembros actuales son Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Néstor Rego (BNG).
En esta legislatura ha habido varios cambios en la representación de la comisión. Sumar, en particular, ha tenido tres representantes diferentes: primero fue Marta Lois, luego Íñigo Errejón, y actualmente Enrique Santiago ocupa el puesto tras la salida de Verónica Martínez Barbero.
En la legislatura pasada, los fondos reservados del CNI estuvieron casi tres años sin control parlamentario, ya que la elección de los miembros de la comisión se había estancado. La legislación exigía un apoyo de tres quintos del Congreso (210 votos), lo que era imposible debido al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos a incluir a los partidos independentistas, impidiendo alcanzar ese mínimo requerido.
Para resolver este bloqueo que duró más de dos años, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, redujo el umbral a la mayoría absoluta de 176 votos en abril de 2022, en un momento en que se exigían explicaciones al CNI sobre el espionaje realizado con el programa 'Pegasus', aunque la comisión aún no se había constituido.
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