El escenario judicial se intensifica en Madrid, donde la figura del productor y artista Nacho Cano ha tomado el centro de atención tras una serie de declaraciones inflamatorias dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cano lo ha calificado de "corrupto" y ha prometido que no se dejará intimidar. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", exclamó Cano al interactuar con los medios de comunicación en las afueras del Juzgado de Instrucción número 19.

Su ataque contra Sánchez no se detuvo ahí; Cano argumentó que la corrupción del mandatario radica en su capacidad de compra. "Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar", sentenció, evidenciando lo que considera una injusticia social al señalar que el Gobierno despoja de recursos a quienes se sienten españoles para financiarse políticamente. Este furor se desató en el mismo momento en que abandonó la corte, marcando así un acto de provocación contra el liderazgo político actual.

Este polémico capítulo se remonta a una detención previa en julio, donde Cano ya había expresado su descontento, acusando a la Policía de estar tras él por su apoyo declarado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Reiterando su posición este enero, mostró un fuerte desprecio por lo que considera un proceso judicial que desvía la atención de problemas más serios, definiéndolo como "una cortina de humo" y una "gilipollez" destinada a entretener al público.

En la sala del Juzgado, y en medio de unos procedimientos que consideraba una farsa, Cano intentó disociarse de las irregularidades en la contratación de becarios para el musical textitMalinche. Aseguró haber sido "mal asesorado" y defendió su papel principalmente como creador, dejando en manos de su equipo la gestión de temas laborales. Esta afirmación indica una clara intención de eludir la responsabilidad que podría derivar de las acusaciones en su contra.

Al llegar al juzgado, Cano hizo un comentario sobre la situación que estaba viviendo, refiriéndose a ella como "un paripé", aunque rápidamente aclaró que esto no se refería a su respeto por el proceso legal. "Lo que quise decir es que no debería estar en esta situación si no he cometido ningún delito", añadió en un intento de defender su honor e integridad profesional.

Las alegaciones en su contra son severas. La magistrada está investigando presuntas contrataciones ilegales de una veintena de jóvenes mexicanos, con Cano enfrentándose a cargos por violaciones de derechos laborales y de ciudadanos extranjeros. Durante su declaración, que se extendió más de dos horas, la actitud del productor fue notoriamente desafiante, lo que, según fuentes presentes, le valió reprimendas por parte de la jueza.

Se dice que Cano no tenía información clara sobre muchos de los aspectos relacionados con las contrataciones, intentando desviar preguntas complejas hacia su entorno laboral. Aunque su defensa alega que el productor se concentró en su faceta artística, las acusaciones continúan siendo el foco de atención en el contexto de un sistema que, según Cano, está compuestos de funcionarios corruptos que lo persiguen por sus creencias políticas.

En el centro de esta controversia se encuentra Lesly Ochoa, la denunciante que ha decidido presentarse ante el tribunal, expresando su descontento con la falta de ética profesional de Cano. Ella subrayó que, siendo español y con una carrera prolífica, él debería tener el conocimiento de las leyes laborales y, sin embargo, no cumplió con sus obligaciones hacia los becarios. "No nos pudo traer de manera legal... Él sigue cobrando la taquilla y a nosotros no nos pagaba ni el sueldo mínimo", afirmó con claridad tras su encuentro cara a cara con el productor.

A medida que avanza el caso, la magistrada también interroga a otros actores en el proceso, como la jefa de personal de textitMalinche, quienes deberán esclarecer la situación en la que se encuentran los denunciantes. Mientras tanto, los testigos han comenzado a testificar, con algunos policías involucrados reconociendo la existencia de una relación laboral donde se presentó un contexto de "explotación". Por su parte, los abogados de Cano han tildado el desarrollo judicial actual como un "esperpento", buscando evidenciar la falta de fundamentos sólidos en las acusaciones.

De cara al futuro, diversos testigos seguirán ofreciendo declaraciones, y los ecos de esta saga seguirán resonando, planteando interrogantes sobre el funcionamiento de los derechos laborales en el ámbito cultural y la búsqueda de justicia en el entramado legal español. El enfrentamiento entre el reconocido artista y las instituciones jurídicas promete attizar un debate social más amplio sobre la ética en el trabajo y la tutela de los derechos de los trabajadores en el país.