Partidos de derecha e independentistas cuestionan la ley del PSOE contra la reduflación que defiende a los consumidores.
El desencuentro entre diferentes fuerzas políticas se ha agudizado en el Congreso con la discusión sobre la proposición de ley presentada por el PSOE, que tiene como objetivo evitar la práctica de la reduflación, una estrategia que permite a las empresas disminuir la cantidad de un producto mientras mantienen o aumentan su precio. Este término ha adquirido relevancia en un contexto donde la defensa de los derechos de los consumidores se convierte en un tema crucial en el debate social.
La diputada del PSOE, Isabel Iniesta Egido, ha descrito la reduflación como una "auténtica estafa" que socava la confianza de los consumidores y atenta contra la "imprescindible transparencia" necesaria en las relaciones comerciales. Su propuesta busca que, en caso de reducir la cantidad de los productos envasados, se informe de ello claramente en el punto de venta durante un lapso de noventa días.
La reacción no se ha hecho esperar. La diputada del EAJ-PNV, Idoia Sagastizabal, ha manifestado su sorpresa por que esta cuestión se aborde en un momento en que la inflación parece estar estabilizándose, y ha elogiado que la medida finalmente esté en trámite, asegurando su apoyo a la proposición. Al mismo tiempo, su compañero de partido ha subrayado que la reduflación es el resultado de un comportamiento desmedido de las grandes empresas del sector agroalimentario, sugiriendo que es el momento de establecer un reparto más justo de las ganancias y revisando la Ley de la Cadena Alimentaria.
Desde JxCat, el diputado Josep Maria Cruset ha arrojado una crítica hacia la picaresca que, según él, forma parte del imaginario colectivo español, señalando que la economía informal y prácticas similares suelen ser demasiado comunes. Sin negarle la importancia a la regulación de las ventas engañosas, ha reprochado al PSOE que esta propuesta llega tarde, sugiriendo que el Gobierno debería haber actuado de manera más efectiva y asumir la responsabilidad de la abultada deuda pública del país.
Por su parte, el diputado de ERC, Jordi Salvador, ha acordado que es fundamental luchar contra la reduflación, pero ha reclamado la atención a otras cuestiones prioritarias, como el incremento del salario mínimo, que debería alcanzar al menos el 60% del salario medio. Además, ha enfatizado la necesidad de implementar controles rigurosos para asegurar que la normativa no se quede en meras palabras en papel, al tiempo que ha acusado a JxCat de exhibir actitudes de supremacismo al presumir que la corrupción solo existe en el Estado español.
El diputado de Sumar, Fèlix Alonso, ha señalado que la iniciativa del PSOE llega "un poco tarde" y ha propuesto que cualquier cambio en la cantidad de un producto debería ir acompañado de un cambio visible en el packaging, sugiriendo incluso el uso de elementos como colores fluorescentes para destacar estas diferencias ante los consumidores.
El representante de Vox, Jacobo González-Robatto, no ha dejado pasar la oportunidad de ironizar sobre el término "picaresca española", aludiendo a que JxCat parece haber olvidado ciertos aspectos importantes. También ha lanzado críticas directas al PSOE, acusándolo de incrementar los costos a lo largo de la cadena de producción, a la vez que intenta suavizar las consecuencias a través de eufemismos relacionados con las nuevas regulaciones en etiquetas.
Finalmente, el diputado del PP, Silverio Argüelles, ha hecho hincapié en que la reduflación no es un caso aislado, sino un síntoma de un modelo económico que ha debilitado el poder adquisitivo de las familias. Ha denunciado que, ante el aumento de precios, el Gobierno ha incrementado su recaudación, repitiendo que el PP está listo para liderar un cambio que devuelva a los ciudadanos el control sobre su economía.
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