En un anuncio realizado en Madrid el 13 de octubre, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha revelado que en la próxima reunión del Consejo de Ministros presentará un conjunto de nuevas políticas enfocadas en el "anclaje jurídico de la vivienda como patrimonio del Estado". Sin embargo, la ministra no ha proporcionado detalles específicos sobre estas medidas.

Rodríguez subrayó su compromiso de abordar las necesidades de la población que demanda un hogar. Durante su participación en 'Carne Cruda Radio', enfatizó que su objetivo es atender a las personas vulnerables, así como a la clase media y a los trabajadores que enfrentan dificultades en acceder a una vivienda digna.

La titular de Vivienda también fue interrogada sobre una serie de viviendas de alquiler asequible, de propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que fueron desarrolladas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Estos inmuebles se encuentran actualmente en una situación jurídica incierta tras la eliminación del servicio público de alquiler (SPA) por parte del gobierno de Mariano Rajoy.

Este proyecto incluye alrededor de 800 viviendas, muchas de las cuales permanecen vacías, mientras que otras, que ya están ocupadas, están en proceso de subasta, a pesar de que los residentes siguen viviendo en ellas.

Una de las vecinas afectadas ha criticado la discrepancia entre la postura del Ministerio de Vivienda y las acciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, indicando que mientras la primera se pronuncia a favor de la protección de la vivienda pública, la segunda está impulsando la venta de estos espacios a grandes fondos de inversión y empresas inmobiliarias.

En respuesta a las inquietudes planteadas, la ministra defendió que los residentes de esas viviendas "no se encuentran en situación de vulnerabilidad" y afirmó que se les ha brindado la oportunidad de adquirir las propiedades que habitan.

Rodríguez también indicó que uno de los esfuerzos más importantes de su departamento es garantizar que el patrimonio del Estado se utilice para ampliar el parque de vivienda pública. Recordó que, aunque un Real Decreto que permitiría facilitar esta recuperación no fue ratificado por el Parlamento el año pasado, su equipo ha estado trabajando para retomar dicho patrimonio, empezando con la Sareb, y que se espera recuperar más en un futuro cercano.

A pesar de los obstáculos legales, la ministra admitió que aún hay aspectos del "anclaje jurídico" que requieren atención, como las viviendas de la Tesorería de la Seguridad Social. Rodríguez anticipó que en el transcurso de esta semana presentará iniciativas en el Consejo de Ministros para abordar estos problemas, aunque precisó que no necesariamente se referirán a esta cuestión específica.