El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido actuar como demandante en el proceso judicial abierto tras la polémica colocación de una lona por parte de la organización Hazte Oír, la cual se exhibió ante el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo. Dicha lona, que contenía acusaciones contra el mandatario, fue retirada pocas horas después bajo orden judicial por ser considerada un abuso de la libertad de expresión, ya que su contenido perjudicaba gravemente su imagen pública.

En un documento al que tuvo acceso Europa Press, el abogado de Sánchez ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid que lo reconozca como parte perjudicada en este caso. Además, exige que se le comunique todo lo relacionado con las actuaciones. Esta solicitud se produce en respuesta a la oportunidad ofrecida por la propia sede judicial para presentar acciones el pasado 16 de junio.

El origen del caso se remonta al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que recibió una denuncia de la diputada Begoña Nasarre, actuando en calidad de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. Esta denuncia se centraba en presuntos delitos de injurias y calumnias en relación con la lona mencionada.

La lona, que abarcaba más de 253 metros cuadrados, presentaba la imagen de Sánchez junto al término 'corrupto' en letras llamativas, así como referencias a casos judiciales que le involucran de manera directa. Esta acción generó una gran controversia al ser percibida como un ataque directo a la reputación del jefe del Ejecutivo.

El Juzgado, al ordenar la retirada de la lona, subrayó que el uso del término 'corrupto' junto a la imagen del presidente y la creación de una página web vinculada constituían un agravio potencialmente delictivo, ya que ponían en cuestión su honorabilidad. El juez destacó que la ubicación estratégica de la lona, frente al Congreso, amplificaba el impacto del mensaje perjudicial.

Posteriormente, el nuevo juzgado a cargo del caso también mencionó el surgimiento de pancartas similares en varias localizaciones de Madrid, lo que ha suscitado un debate adicional sobre la legalidad y el alcance de tales manifestaciones. La proliferación de camiones con carteles idénticos ha llevado al PSOE a presentar un nuevo recurso para solicitar medidas cautelares que frenen esta campaña de desprestigio.

El PSOE ha tomado un rol activo en el proceso judicial, pidiendo formalmente la prohibición de la circulación de camionetas que exhiban los carteles con contenido similar al de la lona retirada. La situación ha puesto sobre la mesa el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación de los funcionarios públicos en un contexto político cada vez más polarizado.