El Parlamento de Ucrania ha tomado una decisión controvertida al aprobar, en segunda lectura, una legislación que limita notablemente la autonomía de sus principales entes de lucha contra la corrupción, tales como la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Este desarrollo se produce en un contexto de creciente preocupación tras una reciente filtración de documentos clasificados al Servicio de Seguridad de Rusia, vinculada a un exdiputado, Fedor Jristenko, quien enfrenta acusaciones de traición.

Con 263 votos a favor, la nueva normativa permite al fiscal general acceder a todas las investigaciones realizadas por la NABU, brindándole poder para emitir nuevas instrucciones, archivar casos y firmar informes de acusación contra funcionarios de alto rango. Este cambio de protocolo ha levantado alarmas entre defensores de la transparencia y actores políticos, quienes temen que la independencia de estas instituciones esté en peligro.

El director de la NABU, Semen Krivonos, ha hecho un llamado directo al presidente Volodimir Zelenski para que no promulgue la ley, subrayando que su implementación podría socavar los pactos de transparencia que Ucrania mantiene con la Unión Europea, que ya ha expresado su inquietud sobre la medida. "La independencia de la NABU y la SAPO está siendo comprometida. Nos oponemos firmemente a este proyecto de ley y apelamos a su sensatez", advirtió Krivonos.

Krivonos enfatizó que, aunque se han identificado casos de corrupción dentro de sus organismos, eso no justifica desmantelar la infraestructura de lucha anticorrupción. "La detección de fallos no debería servir como excusa para arruinar toda la institución. Abogamos por una reforma interna, no por una destrucción", precisó en una conferencia de prensa.

Oleksander Klimenko, líder de la SAPO, también ha levantado la voz contra la nueva legislación, afirmando que esta acción sella lo que él considera el "fin de la labor independiente" de ambas instituciones. El ambiente de desconfianza se ha visto intensificado tras una serie de registros exhaustivos realizados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en ambas oficinas, originados por el temor a posibles filtraciones hacia Rusia.

La controversia se enmarca en el contexto del escándalo que involucra a Jristenko, acusado de manipular la NABU desde el extranjero y de tener conexiones peligrosas con ciertos miembros de la misma, algunos de los cuales han sido arrestados. La fiscalía ha alertado sobre la gravedad de las acusaciones, que incluyen espionaje y la filtración de información sensible.

Entre los detenidos se encuentra Viktor Gusarov, un agente de la NABU vinculado al espionaje, y que tiene antecedentes de colaborar con el entorno del ex presidente Viktor Yanukovich. Su captura ha agregado una capa de complejidad al ya tenso panorama político y judicial de Ucrania.

A medida que las investigaciones avanzan, se han llevado a cabo registros en las casas de varios familiares de Jristenko, donde se hallaron documentos que apuntan a investigaciones encubiertas por parte de la NABU, así como cuestionarios sobre posibles nuevos integrantes de la agencia. La fiscalía sostiene que el ahora imputado fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad durante el mandato de Yanukovich, y ha estado operando para transferir información a Rusia y facilitar la fuga de sospechosos de corrupción.