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Urda: 69 muertos y el PP acusa al Gobierno de colocar amigos en Renfe y Adif

69 fallecidos en Urda y dos accidentes mortales en nueve meses. El PP culpa al Gobierno. Qué significa para quien usa el tren cada día.

Redacción · 24h España 3 min de lectura

Sesenta y nueve personas han muerto en el choque de dos trenes en Urda, Toledo. Y el debate político ya no va solo de lo que pasó, sino de quién tenía que estar al frente de la línea.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que el Gobierno hable de un "problema humano" para explicar el accidente. Para ella, decir eso no tranquiliza a nadie. Su argumento es que millones de personas cogen el tren cada día para ir al trabajo o ver a su familia, y que no es razonable que todo dependa de una sola persona en pleno siglo XXI.

Muñoz recuerda además que en menos de nueve meses se han producido dos accidentes mortales en la misma línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía: el de Adamuz, que atribuye a un problema de la vía, y el de Urda, por un fallo del sistema. Dice que la gente está en estado de shock y que la alta velocidad española, a la que llama la joya de la corona, ha sufrido un golpe a su reputación.

La dirigente popular acusa al Ejecutivo de años de sectarismo y de colocar a amigos en puestos técnicos en vez de a expertos. También señala la falta de presupuestos generales y un déficit de inversión en redes ferroviarias que, según ella, no se ha corregido. Son acusaciones políticas que el Gobierno tendrá que responder con datos.

¿Qué significa esto para ti? Si usas el tren para ir a trabajar o para ver a tus padres, lo que se decida sobre inversión, mantenimiento y control de personal afecta directamente a tu seguridad y a la fiabilidad de tus viajes. Por eso conviene seguir de cerca las investigaciones oficiales y no quedarse solo con las frases de un partido o de otro.

Lo que viene ahora es la investigación técnica sobre el accidente de Urda y la revisión del estado de la línea. El PP promete, si gobierna, mostrar el estado real de las infraestructuras y "toda la verdad" de la gestión ferroviaria. Los afectados y sus familias tienen derecho a pedir información completa, a estar representados en las investigaciones y a exigir responsabilidades, sean políticas, técnicas o de ambas.

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