Vox quiere excluir de las ayudas al cine lo que considere 'adoctrinamiento': ¿dónde está el límite?
La Junta de Castilla y León excluye de las ayudas al cine lo que considere adoctrinamiento. Así puede cambiar lo que ves en pantalla.
Decidir qué historias pueden contarse con dinero público ya no es un debate de salón. La Junta de Castilla y León quiere dejar fuera de las ayudas al cine las producciones que considere «adoctrinamiento ideológico», «propaganda partidista» o «apoyo expreso a opciones políticas concretas». Y la industria ha saltado.
La orden, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox, tiene un problema de fondo: no define con claridad qué es adoctrinar. ¿Una película sobre la memoria histórica? ¿Un drama sobre la inmigración? ¿Una biografía con un punto de vista? Todo puede caer en ese saco según quien lea la norma.
La actriz Andrea Ros, protagonista de 'Karateka', el biopic sobre la medallista olímpica Sandra Sánchez, lo tiene claro: decidir qué se puede contar y qué no es censura. Se suma a voces como Pedro Almodóvar o Eduard Fernández, que ya han criticado el veto con dureza.
¿Por qué te afecta, aunque no vayas nunca al cine? Porque las ayudas públicas pagan parte de lo que ves en televisión y en las plataformas. Si el criterio político decide qué se financia, cambia lo que llega a tu sofá. Menos variedad, historias más homogéneas y, a la larga, menos debate en la calle.
El director Aritz Moreno, responsable de 'Moscas' y 'Ventajas de viajar en tren', avisa de algo que suele pasar desapercibido: la autocensura. Antes de que nadie prohíba nada, los productores empiezan a evitar temas polémicos para no perder la financiación. Es un efecto silencioso, y según él, el más peligroso.
Para quien trabaja en el sector, el mensaje es claro: un proyecto cultural cuesta años y mucho dinero, y depender de un criterio que puede cambiar con cada gobierno da poca seguridad. Para el público, significa menos diversidad de voces justo cuando más falta hace.
Ahora queda ver cómo se aplica la orden en la práctica y si habrá recursos judiciales o cambios en el texto. Los afectados, productoras, guionistas y actores, pueden presentar alegaciones y pedir criterios objetivos y públicos. Y el ciudadano puede seguir el proceso, preguntar a sus representantes y decidir si quiere que la cultura se financie con reglas claras o con filtros cambiantes.